El presidente del Parlament, Roger Torrent, no tiene la intención de impedir la discusión en el pleno de la resolución planteada por ERC, JxCat y la CUP a favor de la autodeterminación si estos grupos así lo piden, a pesar del apercebimiento efectuado por el Tribunal Constitucional. La reacción del presidente de la cámara catalana ha sido instantánea, al punto de conocer la advertencia del tribunal. De momento, todo es una mera hipótesis, lanzada justamente en periodo electoral por los grupos independentistas, dado que no hay fecha para este debate. La reacción de Torrent, podría responder también a la coyuntura electoral. Desde el primer día de su mandato, el republicano está bajo sospecha por parte de JxCat al haber evitado cualquier desobediencia, de ahí que su reacción pueda interpretarse como un gesto de oportunidad.

El argumento utilizado por Torrent para anunciar que no va a ”imponer la censura” en el Parlament es idéntico al empleado en su día por Carme Forcadell, la expresidenta que cumple condena, entre otras acusaciones, por “desoír una y otra vez” las impugnaciones del TC. La libertad de expresión de los diputados y la supuesta imposibilidad de la Mesa para impedir el debate parlamentario, extremo no compartido totalmente por los servicios jurídicos de la cámara, fueron expresados en múltiples ocasiones por Forcadell para permitir los debates en 2017.

El TC le recuerda a Torrent la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada de la tramitación de la resolución sobre el derecho a la autodeterminación, apercibiéndole de las eventuales responsabilidades. Hasta ahora, el presidente del Parlament ha repetido una y otra vez que el tiempo de la desobediencia había pasado, incluso atendió el requerimiento para evitar la investidura virtual de Carles Puigdemont para evitar males mayores.

Sin embargo, a cinco días de las elecciones generales del próximo domingo, Torrent ha considerado “radical, provocativo y peligroso que se intente limitar y paralizar los debates” del Parlament por parte del Constitucional. ERC no le perdonaría que estropeara las magníficas expectativas electorales con un retraimiento institucional que pudiera ser utilizado por JxCat y la CUP contra los republicanos.

“Sánchez está superando a Rajoy”, afirmó Torrent en su comparecencia para anunciar su predisposición a seguir los pasos de Forcadell en el caso de que los partidos impulsores de la resolución sigan interesados en seguir adelante con la desobediencia parlamentaria más allá de la campaña electoral. La coincidencia de la comunicación del TC con la publicación en el BOE del decreto pensado para evitar el desarrollo del proyecto de “república digital” de la Generalitat ha enojado profundamente a los partidos independentistas y a sus candidatos al Congreso y al Senado.

La obligación de ubicar los sistemas de información y comunicaciones de las administraciones públicas dentro del Territorio de la Unión Europea y la posibilidad de asumir el control de las telecomunicaciones de la Generalitat por parte de la Administración General del Estado ha sido considerado por el gobierno catalán como un ataque frontal a sus competencias. El conseller de Política Digital, Jordi Puigneró, lo denunció como un golpe de estado digital, destinado a impedir, entre otras iniciativas, la agencia de ciberseguridad de la Generalitat.

La coincidencia de estas dos iniciativas, sumada al anuncio efectuado por Pedro Sánchez durante el debate electoral de la noche del lunes de una modificación del Código Penal para contemplar, de nuevo, el delito del referéndum ilegal, ha exaltado los ánimos del soberanismo en el tramo final de la campaña. Menor incidencia en este malestar respecto de Sánchez ha tenido su pretensión de modificar la legislación audiovisual para elevar a dos tercios de la cámara la mayoría para elegir a los miembros del consejo de TV3 y Catalunya Ràdio, dado que el Parlament aprobó hace pocos días una medida en este mismo sentido.

La ofensiva intervencionista del gobierno en funciones de Sánchez le ha venido bien a los partidos independentistas para acercar posiciones de indignación, atrapados en sus disensiones internas por las dudas sobre cómo reaccionar a la repetición de actos de violencia en las continuas concentraciones de rechazo a la sentencia del TS. La última, la convocada para protestar por la presencia del Rey en Barcelona para participar en la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, se saldó con diversos incidentes contra algunos invitados que intentaban acceder al palacio de congresos y diversos periodistas.

La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, no supo ver ninguna agresión, evitando condenar los hechos, aunque si criticó al Rey por haber pronunciado un discurso político en el que a su juicio, se olvidó de los derechos de la mitad de los catalanes. Lo habitual de lo que se acusa a Quim Torra, pero al revés .