Los datos macroeconómicos de Galicia han arrojado un crecimiento continuo durante los últimos cinco años y un aumento, aún muy tímido, de renta por persona y hogar, que siempre está por debajo del Estado. Un estudio de UGT-Galicia, basado en los datos de la Encuesta de condiciones de vida 2018 del INE, ha determinado que este hecho contrasta con un incremento de la población que está en riesgo de pobreza y exclusión social, así como, el crecimiento de la población que vive en hogares con baja intensidad de trabajo, lo que implica que la pobreza se ha trasladado también al ámbito laboral. En este contexto, han explicado desde el sindicato, resulta evidente que el ejecutivo que dirige Núñez Feijóo “tiene que dar un giro social que atienda las necesidades de la ciudadanía que, en un alto porcentaje, continúa inmersa en duras dificultades económicas”.

Asimismo han aseverado que a pesar que la comunidad suma ya cinco años consecutivos de crecimiento económico, en un 2,8% en 2018, los niveles de pobreza, que se desbocaron en los años de gran recesión y la imposición de políticas de ajuste extremo, apenas se reducen y la calidad de vida de la mayoría de las personas no mejora como debería. De hecho, han concluido desde UGT, según los datos del INE, mientras la renta por persona y hogar mejoran con respecto a 2017, aunque tímidamente, la población en riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado en cuatro décimas, al pasar del 22,6% al 23%. Mientras que en un análisis más pormenorizado han determinado que la población en riesgo de pobreza severa es 18,8%, lo que supone un total de 507.928 personas. En nueve años este porcentaje ha pasado de 7,6% en 2008 al 11,1% en 2018, lo que ha puesto de relieve que la pobreza se ha trasladado ya a los trabajadores.

Para terminar, el informe ha estimado que la media de renta por hogar de la ciudadanía gallega es de 27.658 euros, frente a la media del Estado que es de 28.417 euros, esto es, 759 euros menos. Lo mismo sucede con la renta media por persona, que en Galicia es de 11.239 euros al año, mientras que en el contexto estatal es de 11.412 euros.