El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que instruye el caso Brugal, ha procesado a 14 personas, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por presuntas adjudicaciones irregulares en la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

También será juzgada la exalcaldesa de Orihuela
La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, también ha sido procesada en este caso, que implica en otra pieza a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo; ambas del PP.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la juez también al exportavoz del PSPV-PSOE en Diputación de Alicante Antonio Amorós y a varios técnicos y empresarios, entre estos últimos, Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Prevaricación, cohecho, fraude, tráfico de influencias
En un auto de procedimiento abreviado, la jueza considera que existen indicios de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida.

El empresario Enrique Ortiz está imputado en dos piezas más del caso Brugal, los relativos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante (asunto que propició la dimisión de la alcaldesa popular Sonia Castedo) y al plan Rabasa, respectivamente, y también en el caso Gürtel por la supuesta financiación ilegal del PP.

Ripoll adjudicó el contrato
La Diputación de Alicante, dirigida entonces por José Joaquín Ripoll, adjudicó el plan zonal de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.

El auto de procedimiento abreviado notificado hoy a las partes pone fin a una instrucción de más de ocho años y deja el caso preparado para el juicio.

Una trama en torno a cinco empresarios
La instructora concluye que "de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel Fenoll, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory Fernández. Estos empresarios, según la juez, contaron con "la ayuda" y "la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Alicante" para "obtener favores" de esta institución y de los ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.

Apertura de juicio
"En concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005" de la Consellería de "Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana", según el auto del Juzgado de Primera Instancia de Orihuela, que instruye esta pieza separada del caso Brugal, facilitado por el TSJCV.

Con este auto, la magistrada instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 20 días soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos.

Brugal, en 20 piezas
Esta causa es una de las veinte piezas separadas del llamado caso Brugal, cuyas investigaciones también derivaron en diligencias relativas al planeamiento urbanístico de la ciudad de Alicante y la gestión de las basuras de Orihuela, entre otras.

En julio de 2010, Ripoll fue detenido junto a tres concejales populares de Orihuela y varios empresarios, entre ellos el constructor Enrique Ortiz, por su supuesto papel al frente de la Diputación Provincial en las irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja.