14 asociaciones de Memoria Histórica de Castilla y León han criticado la poca ambición del Gobierno regional del Partido Popular en su proyecto legislativo en esta materia tan sensible, calificándolo de “muy insuficiente” al haberse quedado en un mero decreto y no haber desarrollado una ley en la Cámara regional contando con la oposición y que incluyese a todo tipo de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, no sólo los desaparecidos.
No obstante, las asociaciones memorialistas han agradecido, en un comunicado conjunto, “el cambio de rumbo” de la Junta de Castilla y León respecto de la Memoria Histórica y que se haya decidido “tomar partido” y apoyar a un colectivo que trabaja por las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, afectan a toda la humanidad.
Sólo desaparecidos
El punto más criticado del decreto es que sólo llega a las exhumaciones e investigación, a cubrir vacíos jurídicos derivados de la Ley de Memoria Histórica y a crear un órgano técnico y otro consultivo.
En cuanto a la exclusividad de las exhumaciones, las asociaciones memorialistas consideran que “no solo los desaparecidos son víctimas”, sino que “la represión consustancial a la toma del poder por parte de los sublevados en 1936 y la violencia del franquismo incluyeron campos de concentración, trabajo esclavo, cárceles en condiciones miserables, represión específica contra la mujer (como rapadas ,ingesta de purgante, paseos por el pueblo mientras el laxante hacía efecto y violaciones), robo de bebés, palizas, torturas, exilio, orfanatos, depuraciones de funcionarios, castigos por orientación sexual, trasladados de restos al valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de las familias, consejos de guerra, deportaciones a los campos nazis y otras formas de violencia.
“Por eso creemos que el decreto y las ayudas deben ir más allá y contemplar a todo tipo de víctimas”, han insistido.
Otro aspecto que entienden que debería tenerse en cuenta en las exhumaciones y que no recoge la norma, es la judicialización de las fosas comunes y la presencia judicial en el levantamiento de los restos mortales de los desaparecidos.
Además, han señalado que “en la norma no se habla de la simbología fascista, y pese a plantear un mapa de fosas comunes no hay un solo lugar de memoria declarado, no se reconoce como tales a las víctimas y no se condena la violencia ni al franquismo en sí”.
Por último, apuntan “la necesidad de una iniciativa que acerque la Memoria Histórica Democrática a los centros educativos y la creación de un banco de AND”.
