Juan José Serrano, concejal de Seguridad Ciudadana de Colmenar Viejo, saltó a la palestra hace sólo unos días tras usar el insulto y el machismo como arma política. No dudó en llamar a la portavoz de Podemos en el Congreso Irene Montero, “pedorra podemita” para criticar el sueldo que percibe olvidando que él esta procesado por un caso de prevaricación urbanística.

El Plural ha tenido acceso a un auto del 27 de octubre de 2016 en el que se puede ver cómo el juez decreta la apertura de juicio oral en el que Serrano se sentará en el banquillo como imputado y procesado por un delito de prevaricación urbanística junto a otros miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento Colmenar Viejo (Madrid), tal y como solicitó la Fiscalía.

Por el momento, el juicio sigue sin fecha concreta pero, de resultar culpable, este concejal del PP, se podría enfrentar a “ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, dos años de prisión con accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 14 meses con cuota diaria de 20 euros y una responsabilidad subsidiaria máxima de siete meses. Alternativamente, la pena de inhabilitación especial de 8 años para cargo público”, según el auto del juez.

Un caso de prevaricación continuada urbanística

Para entender este supuesto caso de corrupción hay que retroceder hasta 2016, momento en el que la Fiscalía señala a los miembros de las “sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años”, entre ellos el actual concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Serrano.

Según explicó la Fiscalía en su escrito de acusación, estas personas “se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas” normalmente licencia de primera ocupación, “a distintos promotores pese al incumplimiento de la normativa urbanística”.

Y es que los investigadores aseguran que, pese a que existían informes técnicos y jurídicos que recomendaban no dar esas licencias, los acusados las otorgaban y lo “acordaban por unanimidad”.

Por ello, el juez abrio juicio oral contra 12 acusados señalados o bien por delito continuado de prevaricación urbanística o por delito no continuado de prevaricación urbanistica; dependiendo de su grado de implicación en una trama que, parece ser, se extendió a lo largo de una década.

Sin embargo, desde el gabinete del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, aseguran que este caso nace de la unión de una serie de pequeños defectos en varias obras que se han juntado. “Eran simplemente unas licencias que no contaban con el informe del arquitecto pero sí con otros”. “Se atendieron las necesidades de los vecinos”.

Violando el Código Ético del PP

Según han explicado a elplural.com, desde la apertura de juicio oral no han vuelto a recibir ninguna notificación, aunque estarían encantados de que el juicio comenzará lo antes posible para poder demostrar la inocencia de los acusados que formaban parte de las diferentes Juntas de Gobierno.

Lo que es una realidad es que el juez ha decretado la apertura del juicio oral y Serrano no ha presentado su dimisión. Una realidad que choca directamente con lo escrito en el Código Ético del Partido Popular, de su formación política.

Son muchas las veces que se ha tenido que preguntar a la cúpula del PP sobre la no expulsión del partido de miembros investigados (nuevo término para referirse a los imputados) o implicados en casos de corrupción. La respuesta siempre ha sido la misma: cuando se abra el juicio oral y no solo porque una persona esté siendo investigada.

Si tomamos como promesa estas palabras, podemos afirmar que el Partido Popular ignora su Código Ético e incumple sus promesas.

¿Y qué pasa con el pacto con Ciudadanos?

Pero esta historia tiene un fleco más. No podemos olvidar que Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a un pacto con Ciudadanos.

La formación naranja siempre ha dicho que, en caso de corrupción, de que un miembro del PP madrileño se sentara en el banquillo por corrupción, romperían el acuerdo de Gobierno con Cifuentes. Pues bien, este es el caso de Serrano. Ahora la pregunta es ¿qué hará Ciudadanos?