El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid, cuyo alcalde es Antonio González Terol, diputado del Partido Popular, ha pagado 24.000 euros de dinero público por agua y refrescos a la empresa del padre de un concejal. David Mesa Vargas, concejal-delegado de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos y Turismo, aterrizó en el Consistorio en junio de 2015, y la empresa de su progenitor lleva trabajando con el Ayuntamiento desde 2008.
Desde que Mesa Vargas es concejal el Ayuntamiento de Boadilla (solo coinciden entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016) su padre ha recibido casi 6.000 euros de dinero público. Teniendo en cuenta el montante total, su empresa se ha embolsado casi 25.000 euros desde el año 2008. De media, el Ayuntamiento se deja poco más de 4.000 euros al año en agua y bebidas azucaradas.
Desde el Consistorio justifican que “no se ha incurrido en ninguna incompatibilidad legal en la contratación” ya que, dada la cuantía del contrato, no es necesario realizar un concurso público y por la “relación de parentesco”, ya que padre e hijo no forman parten de la misma “unidad económica”: “La ley no determina que la relación de parentesco, en sí misma considerada, prohíba de forma automática una contratación ni suponga la existencia de un conflicto de intereses”.
De hecho, el Ayuntamiento se escuda en que no ha obtenido ningún trato de favor por ser el padre del concejal, sino todo lo contrario. Su empresa suministra bebidas desde el año 2008 y, después de que Mesa Vargas lo advirtiera, se dejaron de contratar sus servicios, por lo que “se le dejó de comprar a pesar de ser un proveedor habitual, es decir, la relación de parentesco solo ha tenido una incidencia directa en el procedimiento de contratación negativa”.
El motivo que llevó al Consistorio a contratar al padre del concejal es “su localización, ya que se encuentra a menos de 50 metros de las dos sedes físicas más importantes del Ayuntamiento”, lo que permitía un “servicio más rápido” en caso de urgencia.
Desde junio de 2016, y tras la advertencia por parte del concejal, el Ayuntamiento de Boadilla compra a través de una Central de Compras para prevenir “toda sospecha sobre su rectitud y moralidad”. El cambio se produjo meses después porque “las inercias en la Administración tardan un tiempo en corregirse, como en cualquier otra estructura”.
El PSOE de Boadilla del Monte ha solicitado hasta en cinco ocasiones el acceso a facturas y contratos. La primera fue el 16 de febrero y, un año después, el 18 de enero de 2018, volvió a pedir el acceso ya que Alberto Doncel, concejal socialista, no obtuvo respuesta al primer requerimiento. El proceso se repitió el 2 de febrero de 2018 ya que, Susana Sánchez Campos (PP) “me contestó por escrito como concejala de Coordinación que había solicitado la documentación, hecho que comprueba tras casi un año falta a la verdad” porque “ahora me dice que pida los documentos a la Concejalía de Hacienda”. El 14 de febrero de 2018, Doncel advierte que le concedan el acceso o “se emprenderán las acciones legales necesarias”.
Finalmente, el PSOE pudo acceder a las facturas, pero el día 19 de febrero Doncel pidió por escrito un “segundo acceso” y, el 1 de marzo, insisten nuevamente para poder realizar un análisis más completo.
Doncel asegura que existen más de 800 facturas y señala la “falta de ética”. “Es muy poco elegante que lo haga el padre de un concejal o que lo haga el padre del que era presidente de NNGG (Mesa Vargas)”, y pone el foco en “que sea solo un proveedor, hay muchos negocios en Boadilla. Hay bares, fíjate si puede haber, supermercados… y el precio no era tan espectacular…”. Y sentencia: "Además de serlo, hay que parecerlo".
