La Comunidad de Madrid está personada en las dos grandes causas de corrupción que afectan al PP madrileño: los casos Púnica y Lezo. Tramas diferentes, pero con una significativa coincidencia en el modus operandi. Ambas utilizaron una empresa pública para sus corruptelas: Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica, y el Canal de Isabel II, en la Lezo. Sin embargo, resulta llamativa la doble vara de medir que aplican estas empresas -y en última instancia la Comunidad de Madrid, de la que dependen- en su estrategia para defender, supuestamente, los intereses públicos.

Mientras el Canal de Isabel II busca un abogado privado que defienda sus intereses en la Audiencia Nacional, Nueva Arpegio deja este asunto en manos de los abogados de la Comunidad de Madrid. 

El pasado 21 de junio Nueva Arpegio decidió personarse en el caso Púnica y que fueran los servicios jurídicos de la Comunidad los que la representasen. El consejero de Medio Ambiente y mano derecha de Cristina Cifuentes, Jaime GonzálezTaboada, sobre el que crecen las sospechas en relación a este caso de corrupción, como presidente del Consejo de Administración de Nuevo Arpegio, es quien firma el acuerdo.

Para rizar el rizo, Ángel Garrido, el consejero de Presidencia, Justicia, portavoz del Gobierno regional y también presidente del Canal de Isabel II, es la persona que firma el convenio entre la Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio para la prestación de dichos servicios jurídicos. ¿Por qué no aplica al Canal de Isabel II la misma solución?

La clave podría estar en González Taboada, que se libró de la imputación del juez Velasco gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid. Es el único miembro de la mesa de contratación del Plan Prisma, a través del cual se desviaron supuestamente fondos, que no está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí le pone en el punto de mira al reclamar a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”. 

El consejero madrileño tuvo que comparecer ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid para explicar la desaparición de unos contratos suscritos por Arpegio, de los que dijo no saber absolutamente nada porque "nunca" pasaron por sus manos. "Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación", dijo entonces. 

Cristina Cifuentes tendría muy complicado proteger a su número tres si también hubiera privatizado la acusación popular en este caso. Mejor en manos de los letrados de casa que un despacho externo. En el caso Lezo no hay problema ya que tiene a Ignacio González para cargar con todas las culpas. Lo dejó muy claro el día de la Comunidad de Madrid, cuando en su mensaje institucional proclamó, justo después del estallido de la Lezo que el "tiempo de los corruptos" había llegado a su fin en Madrid. Pese a que se erigió en la abanderada de la "regeneración", las maniobras de los suyos para controlar, en la medida de lo posible la justicia, cuestionan la sinceridad de sus proclamas.


Consulta el perfil de Jaime González Taboada en Los Genoveses