La polémica en Extremadura gira en torno a Vox. Concretamente a uno de los miembros de la fuerza ultraderechista que María Guardiola (PP), presidenta de la Junta, acabó incluyendo en su equipo de gobierno. Se trata del director general de Infraestructuras Rurales y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero. Su departamento maneja un presupuesto que supera los 150 millones de euros, del cual parte un salario que crece en comparación al de su predecesor en el cargo durante la Administración del socialista Guillermo Fernández Vara.
El pasado 23 de agosto de 2023, tras culminar las negociaciones entre PP y Vox pese a las reticencias iniciales de María Guardiola, se completó el listado de nombres que ocuparían los altos cargos del nuevo Gobierno conservador con tintes ultraderechistas. En aquella fecha se confirmó el nombramiento de José María Sánchez Cordero, quien fue designado como nuevo director general de Infraestructuras Rurales y Tauromaquia. Han transcurrido ocho meses desde entonces y el dirigente ultraderechista es el protagonista de una nueva polémica para el Ejecutivo de Guardiola. Y es que Sánchez Cordero está violando la ley de incompatibilidades al figurar casi transcurrido un año al figurar aún como abogado ejerciente en el censo de letrados.
Sánchez Cordero se hizo cargo de la mencionada dirección general, integrada en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, que maneja un presupuesto, según consta en los Presupuestos de la Junta de Extremadura para el 2024, de 162.329.374 euros. De este montante total que custodia el departamento, se deduce un salario anual (complementos aparte) de 71.845 euros; lo que supone un incremento de unos 6.000 euros anuales con respecto a la legislatura anterior, bajo dominio del socialista Guillermo Fernández Vara.
Incompatibilidad
Tanto en el Colegio de Abogados de Badajoz como en el Consejo General de la Abogacía Española, Sánchez Cordero continúa figurando como ejerciente y residente en esta institución, habiéndose dado de alta el 10 de enero de 2003 y teniendo su despacho abierto en Mérida. Todo ello habiendo tomado posesión de su cargo dentro del Gobierno de Guardiola el pasado 23 de agosto, es decir, hace ocho mesess. Una situación que vulnera la Ley 1/2014 de Incompatibilidades que se inscribe en el Estatuto de los cargos públicos del Gobierno extremeño y que se aplica a los directores generales.
Para ser más concretos, el artículo 26 de esta normativa indica claramente que el ejercicio de las funciones asignadas se desarrollará “en régimen de dedicación plena y exclusiva, siendo incompatible con el desarrollo, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena”.
Además, en el artículo 45 de la misma Ley, en la que rigen las infracciones y sanciones, define como “falta muy grave el incumplimiento de la incompatibilidad”, llevando así aparejado el cese inmediato del cargo en cuestión.
A su vez, los Colegios de Abogacía, por disposición del artículo 15 del Real Decreto 135/2021 que aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, están obligados a comunicar al Consejo acerca de aquellos letrados ejercientes de forma periódica como garantía de transparencia.
Su declaración de bienes
A pesar de que en su perfil de la Junta de Extremadura se refleja una trayectoria amplia, en su declaración de bienes, publicada en el DOE el 31 de octubre de 2023, se asegura que la renta percibida por sus “actividades profesionales, empresariales o artísticas” en el ejercicio de 2022 fue de -587,87 euros.
Por un lado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los juzgados de lo mercantil a 4 de noviembre de 2019, se determinó la conclusión del Concurso de la empresa “Restaurante Gonzalo Valverde Sánchez-Grande SL”, del que Sánchez Cordero fue administrador único, además de que se acordó su “extinción y cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil de Badajoz”.
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