El PSOE de Extremadura ha adelantado este jueves que pedirá al Gobierno de la región, liderado por la popular María Guardiola, que cese a José María Sánchez Cordero, Director General de Infraestructuras Rurales y Tauromaquia, de Vox, puesto integrado en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta. Tal y como adelantó ElPlural.com, este cargo de Vox, pese a llevar ocho meses dentro del Ejecutivo de Guardiola, figuraba como abogado ejerciente en el censo de letrados. 

Así lo ha reclamado el portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, en rueda de prensa desde Mérida: “Solicitaremos el cese inmediato de este director general por incompatibilidad, como dice la Ley del Gobierno de Extremadura”, ha reiterado. Los socialistas extremeños han adelantado esta decisión después de reflejarse que Sánchez Cordero figura como administrador de una empresa, lo que supone una clara “incompatibilidad” con su cargo dentro de la junta.

Según ha explicado Vergeles, consta en el Registro Mercantil “como administrados en, al menos, una empresa con dos sedes sociales, situadas en Mérida y el Puerto de Santa María (Cádiz), y añade que el cargo de administrador está vigente a día de hoy”. Un hecho que se une al que ya adelantó este periódico: Sánchez Cordero figura tanto en el Colegio de Abogados de Badajoz como en el Consejo General de la Abogacía Española como abogado ejerciente.

Durante su intervención, el portavoz socialista ha avanzado que remitirán toda la documentación a los Servicios de Inspección de la Junta de Extremadura para que se pueda aplicar el régimen sancionador que figura en el artículo 11 del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno autonómico, debido a que “ningún alto cargo puede desempeñar ninguna otra tarea mientras está nombrado”.

En este sentido, ha señalado que ahora entienden “por qué, desde el inicio de la legislatura, Guardiola tenía tantísimo interés en derogar la comparecencia de los altos cargos antes de su nombramiento, porque podían ocurrir cosas como estas”, ha resaltado. En concreto, Vergeles se refiere a la supresión del artículo 13Bis de la Ley 1/2014 que regula el Estatuto de los cargos públicos por la cual, precisamente, decayó la obligatoriedad de comparecencia de un alto cargo de la Administración en la Asamblea regional.

A todo ello, se añade que, “presumiblemente”, Sánchez Cordero, no habría señalado “lo que tenía que decir en su declaración de bienes, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE)”, registro en el cual también figura que en su renta percibida por “actividades profesionales, empresariales o artísticas” en el ejercicio de 2022 fue de -587,87 euros.

No sin quedarse en este punto, el portavoz socialista también ha calificado de “gravedad extrema” que, al eliminarse la comparecencia de los altos cargos en la Administración Pública por cuestiones de este calado, tengan que ser en su lugar los grupos parlamentarios los que realicen las consecuentes “tareas de investigación” en aras de transparencia ante los extremeños.

Así, ha dejado caer que “lo lógico” sería que Sánchez Cordero “hubiese registrado su cese como administrados” en el momento previo a su nombramiento como Director General dentro de la Consejería de Vox, por lo que ahora le insta a que aclare su situación, debido a que ha insistido en que un alto cargo como él debe tener dedicación plena a su puesto dentro del Gobierno autonómico: “No puede estar de administrador de empresas que, además, tiene su sede social radicada fuera de Extremadura”, ha puntualizado, en alusión así a la sede del Puerto de Santa María, además de la situada en Mérida.

Abogado ejerciente

Cabe recordar que, además de su situación como administrador de una empresa, Sánchez Cordero también figura como abogado ejerciente dentro del censo de letrados pese a llevar ocho meses en el cargo autonómico, desde la constitución de dicho Gobierno de María Guardiola tras las elecciones del 28M.

El ahora director general de Infraestructuras Rurales y Tauromaquia se dio de alta en la institución de la abogacía el 10 de enero de 2003, teniendo su despacho en Mérida, todo ello pese a que fue nombrado para dicho puesto el pasado 23 de agosto, propuesto además por la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, María del Camino Limia Santiago. Posteriormente, su designación se reflejó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).  

Según reza el artículo 23 de la Ley de Incompatibilidades indica que el ejercicio de las funciones dentro de la Administración extremeña se debe desarrollar “en régimen de dedicación plena y exclusiva”. Asimismo, en el artículo 45, este tipo de infracciones son consideradas como “falta muy grave en el incumplimiento de a incompatibilidad”.

 

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