Este lunes ElPlural.com desveló en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura. Ocupa hasta cuatro cargos paralelos: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills. A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto, pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid. Un currículum envidiable hasta para Pablo Casado, quien en 2016 ya adelantó la pasta de que la estaba hecho Catalá destacando su mayor virtud: las “influencias”.
Corría junio de 2016. Primer día de campaña de cara a las elecciones generales del 26J. El actual presidente del PP, entonces vicesecretario de Comunicación, compartió toda la jornada con el ministro. Por la mañana ambos lideraron un acto en Ávila, provincia por la que es diputado Casado; y por la tarde, en Cuenca, donde Catalá repetirá como cabeza de lista.
Durante el acto en la capital conquense, Casado destacó una virtud de Catalá: “Es una persona que tiene influencia”. Unas dulces y cariñosas palabras que, sin duda, han adquirido un cariz diferente con el tiempo.
Y es que, Casado no se equivocaba. Apenas tres meses aproximadamente después de dejar el Gobierno, Catalá comunicó a la Oficina de Conflicto de Intereses su intención de desempeñar hasta cuatro actividades de calado en el sector privado. La Oficina, dependiente del Ministerio de Hacienda, le dio su beneplácito el 26 de noviembre. Sin embargo, Catalá aún no estaba autorizado para desempeñarlas. Tal y como establece la normativa, requiere también del consentimiento expreso del Congreso de los Diputados, aprobación que aún no tiene.
Catalá registró en la Cámara Baja el 29 de octubre de 2018 una solicitud para modificar su declaración de Actividades. Tras este paso, la Comisión del Estatuto debe decidir sobre ello y el fallo final debe ser votado por el pleno del Congreso. Y todo previo informe de los letrados.
En este sentido, el PP ha admitido a ElPlural.com que “no hay nada escrito”, ningún documento formal que acredite la consulta de Catalá a los letrados. De hecho, esta consulta solo se realizó de forma “verbal”. Según las fuentes consultadas, durante una conversación el letrado le aseguró que “no habría problema”.
