Este lunes ElPlural.com ha desvelado en exclusiva que el exministro de Justicia y diputado del Partido Popular, Rafael Catalá, carece de la autorización del Congreso para realizar las actividades privadas que ha venido desarrollando desde que dejara el Gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la moción de censura.

Según ha podido saber este periódico, Catalá se saltó la formalidad en uno de los procesos: su consulta a los letrados del Congreso sobre sus actividades paralelas en el sector privado se redujo a una “consulta oral” con un letrado. En otras palabras, a una conversación que sólo ha sido recordada por uno de los interlocutores.

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Así lo han confirmado desde el Partido Popular en el Congreso tras hacerse público que Catalá carece del permiso de la Cámara Baja. La normativa vigente establece la necesidad de una autorización formal por parte tanto de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, como de la Cámara Baja para poder compaginar su actividad como diputado con labores en el sector privado.

Tal y como explicamos en ElPlural.com, Catalá recibió el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses, tras lo cual solicitó en el Congreso el registro de sus actividades privadas: hasta cuatro puestos paralelos a su labor parlamentaria: es senior advisor del bufete inglés Herbert Smith Freehills.  A esto suma su papel de miembro del Patronato de la Fundación Atlético de Madrid y del Patronato de la Fundación Legálitas. Tres puestos adicionales al que hay que añadir un cuarto; pues figura como abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid.

En la inauguración del bufete que ahora le ha fichado 

Precisamente Rafael Catalá protagonizó la inauguración del bufete Herbert Smith Freehills en España. El acto tuvo lugar el 15 de junio de 2015, recién nombrado ministro de Justicia. De su presencia queda rastro en internet gracias a un tuit del periodista y abogado Carlos García-León.

“En la inauguración de la nueva sede del bufete Herbert Smith con el ministro de Justicia, Rafael Catalá”, escribió García-León.

En su día, el Partido Popular defendió que no era irregular que el ministro Catalá inaugurase bufetes privados ante acusaciones por parte de Izquierda Unida de “conflicto de intereses”.

En concreto, el PP defendió que “entre las obligaciones de Rafael Catalá" estaba la de “escuchar" al sector de la Justicia y "apoyar" a  todos sus profesionales. De este modo, apuntaban que para "el buen desarrollo de las políticas de Justicia" es importante conocer la demandas del sector y, por lo tanto, "participar en sus actos y en aquellos encuentros que faciliten acercar las demandas del sector al Ministerio de Justicia". Y en Génova acompañaban esta explicaciones con un listado de los actos de despachos y empresas a los que había asistido Catalá desde septiembre de 2014. 

Fueron cuatros las veces que asistió a la inauguración de un bufete: la nueva sede de Herbert Smith Freehills Spain, en junio de 2015, la de Carlos Cuesta Abogados y Asesores Financieros, la de las oficinas de Eversheds Nicea, y la de G.C. Legal. Mientras los sindicatos y asociaciones judiciales criticaban que el ministro visitase más bufetes privados que los juzgados de los cuales él era responsable.