El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha sido, con diferencia, el miembro del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que más veces ha visitado a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. La razón de tanto seguidismo estaba avalada por la construcción del basurero nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas. Sin embargo, la última visita de Soria al Palacio de Fuensalida el pasado 18 de marzo no fue, precisamente, para coordinar las hoy paralizadas obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC). No.

Según fuentes del Gobierno de Cospedal, el ministro le informó personalmente de que las riendas de estas polémicas instalaciones las llevará directamente el Gobierno, que hacía unos meses había decidido cesar en la presidencia de Enresa al hombre puesto por Cospedal para que manejara los dineros millonarios del ATC, Francisco Gil-Ortega. El titular de Industria “disfrazó su entrevista” con la presidenta castellano-manchega con “la firma de un protocolo (‘Castilla-La Mancha: Región Emprendedora’) de colaboración con una inversión anunciada de nueve millones de euros”, concretan. Dos días antes, el lunes 16, ambos estuvieron en Molina de Aragón donde también presentaron la construcción del parador nacional, no sin antes escuchar una sonora pitada protagonizada por los vecinos.


Obras paralizadas e iniciativas socialistas
Y es que desde el primer momento la gestión de la construcción del basurero nuclear ha sido “un gran desastre”, añaden las mismas fuentes, “no había semana que Ortega no metiera la pata”, de ahí el hartazgo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que una vez más le torció el brazo a Cospedal y consiguió de Rajoy el cese del polémico Gil-Ortega, colocado en el cargo por la presidenta castellano-manchega. Cese que trajo consigo la paralización de las obras, hoy por hoy en “stanbay”, y que probablemente no se reanudarán hasta 2016. Así, al menos, lo cree el diputado del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, que ha calificado en declaraciones a ELPLURAL.COM de “sorprendente” que el ministro de Industria diga que la autorización para la construcción del basurero de residuos nucleares estará a finales de este año cuando los nuevos sondeos para la “caracterización geotécnica” de los terrenos encargados por Enresa no estarán hasta junio de 2016.


1,4 millones para nuevos sondeos del terreno
El caso es que la elección de Villar de Cañas ha estado rodeada de polémica desde el principio. Se trató de una vendida de Cospedal a Castilla-La Mancha al ofrecer un emplazamiento que a todas luces no es el más idóneo. Tanto es así, nos recuerda Sahuquillo, que hace unos días se sacaba a concurso un contrato por importe de 1,4 millones de euros para la realización de más de una veintena de nuevos sondeos en los suelos de la localidad conquense. No es la primera vez que Enresa duda sobre estos terrenos, descartados por la empresa americana URS en octubre de 2014, que calificó el emplazamiento de inadecuado, como recuerda el diputado conquense en su iniciativa presentada el pasado jueves en la Cámara Baja (documento 1).

De ahí que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyo informe es vinculante para dar el visto bueno a la construcción del cementerio nuclear, subraya Luis Carlos Sahuquillo citando el estudio realizado por la auditoria estadounidense encargado por el propio CSN, no se fíe el proceso que se ha llevado hasta ahora. Además, según apunta, en la propia página web de Enresa figura que estos nuevos sondeos, que alcanzarían una profundidad de 200 metros, frente a los 70 actuales, y que se iniciarían en el mes de septiembre y “tienen un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que no estarían finalizados hasta junio del próximo año”, dice.


Una decisión política
El parlamentario socialista por Cuenca insiste en que la designación de Villar de Cañas para acoger el cementerio nuclear nada más llegar Rajoy al Gobierno central fue “una decisión política” de Cospedal “a cambio de mantener su cargo como secretaria general del PP”. Una decisión que, añade, supondría importantes sobrecostes en la construcción del ATC que “algunos técnicos cifran en unos 300 millones de euros”. Los socialistas critican una vez más el “oscurantismo” del Gobierno a la hora de facilitar información relativa a la construcción del silo nuclear, de ahí que nuevamente hayan registrado una batería de preguntas relativas a Enresa, solicitando, entre otras cosas, el informe de la auditora URS o los contratos que se han realizado vinculados al ATC (documento 2).


Dudas sobre la gestión de Gil- Ortega
Desde el Grupo Socialista también ponen en duda la gestión realizada por el ex presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, por lo que piden saber qué valoración hace el Gobierno de España de dicha gestión; si asume el Ejecutivo de Rajoy la responsabilidad de haber nombrado a alguien sin experiencia en el sector nuclear y cuyo único mérito parece ser la vinculación con la presidenta María Dolores de Cospedal; cuál es la retribución oficial total (tanto fija como variable) que recibe el presidente de Enresa; así como los gastos de representación abonados en 2013 a Gil- Ortega. Del mismo modo, preguntan también si es cierto que el presidente de Enresa cobró gastos que previamente había cargado a su tarjeta de crédito sin haber presentado la correspondiente factura como figura en un informe del responsable jurídico de Enresa y si tiene algo que ver dicho informe con el posterior cese de este responsable. En este sentido, recordar que fue el propio ministro el que reconoció que hubo pagos “indebidos” a Gil-Ortega (documento 3).


Un pastel de 800 millones de euros
Y mientras que las aguas vuelven a su cauce, si es que vuelven y la localidad conquense acoge definitivamente el basurero nuclear, ocho empresas que han acudido al concurso público de construcción del ATC están pendientes de los 217 millones de euros que supondrá la licitación de la obra civil, aunque la inversión final rondará los 900 millones de euros, eso sin contar lo invertido ya por el Gobierno de Cospedal, que solo en el acondicionamiento de los acceso a Villar de Cañas se ha dejado 11,6 millones de euros, de los que 4,6 le han sido otorgados a Sacyr, empresa a la que Luis Bárcenas señala como emisora de la supuesta mordida de los 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal en 2007 y cuyo presidente, Manuel Manrique, sigue imputado por el juez Ruz en la pieza separada que ha enviado a los juzgados de Toledo (ver concesión).