El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, aprecia indicios de prevaricación en una adjudicación de un trabajo publicitario, valorado en 50.615 euros, otorgada por el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido entre 2011 y 2015 por la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, según recoge en su edición dominical el diario La Tribuna. Los hechos sucedieron cuando el Ejecutivo socialista dirigido por Emiliano García-Page se negó a pagar esa factura al no existir contrato ya que quedó demostrado que el supuesto encargo a Cemusa, empresa dedicada al mobiliario urbano y querellante, fue adjudicado “a dedo” sin un expediente previo que avalara su otorgamiento, como fija la legislación de contratos públicos.

Aún es más, según este diario, un testimonio prestado en este procedimiento ha apuntado como responsables de la irregular adjudicación a los exconsejeros de Educación, Marcial Marín, más tarde secretario de Estado con los ministros del PP José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo; y de Presidencia, Leandro Esteban, este último verdadero cerebro de lo que vino a llamarse 'CospeLeaks', un fondo de reptiles opaco de reparto publicitario millonario que se realizaba a través de la Fundación para el Desarrollo de Castilla-La Mancha, de la que Esteban fue su máximo responsable.

María Dolores de Cospedal junto a Leandro Esteban.

Lo que no podía sospechar Cemusa al plantear un procedimiento civil de reclamación de deuda contra el Gobierno de García-Page, era que el magistrado, tras constatar la falta de contrato formal, no se conformaría con exonerar del pago a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y condenar en costas a la empresa demandante, también el juez señala en su sentencia que los hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía al ofrecer “apariencia de delito perseguible de oficio”, concretando que “las actuaciones objeto del presente procedimiento podrían, en su caso, ser constitutivas de un delito de prevaricación”. Un palo en toda regla, si bien cabe recurso.

¿Qué era el fondo de reptiles de Cospedal?

ELPLURAL.COM fue el primer medio en aportar documentación sobre el desproporcionado reparto publicitario de cerca de 40 millones de euros durante el Gobierno de Cospedal. El escándalo fue mayúsculo y este fondo de reptiles comenzó a conocerse en la región como “CospeLeaks”, del que la celebración del IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote no fue ajeno, ya que Cospedal destinó a este evento nada más y nada menos que 2.268.121 euros, como queda reflejado en el cuadro que publicamos en su día (y hoy reproducimos) para dar a conocer este derroche de dinero mientras se despedían a 10.000 profesores, 5.000 médicos y enfermeros y 5.000 funcionarios, según denunciaron los sindicatos.

Cuadro gastos Centenario Quijote

Dicho reparto millonario fue encargado a la Fundación Cultura y Deportes dirigida por el exsecretario de Estado Marcial Marín, mientras que las actuaciones publicitarias se encargaba del reparto la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha. En total 2.268.121,09 euros, con el siguiente desglose: Encomienda a Fundación Cultura y Deporte: 646.301,09 euros.
Encomienda al “fondo de réptiles”: 349.800,00 (promoción de la cultura) y 1.272.020,00 (IV Centenario). 

Señalar, eso sí, que esos millonarios gastos eran extraídos del circuito administrativo reglamentario, para posteriormente ser encomendados a los llamados entes instrumentales del sector público regional, con personal insuficiente, desconocedor del procedimiento administrativo y con relaciones laborales temporales. De esta forma, eludían los controles fiscalizadores que solo era controlados por el interventor general de la Junta de Comunidades, un alto cargo del Gobierno de Cospedal en 2015, toda vez que ésta se apresuró a suprimir la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, saturado de expedientes y con un desfase que alcanza los 6 años, difícilmente podía inspeccionar los números del Gobierno castellano-manchego del PP entre 2011 y 2015, que campaba a sus anchas y solo era  fiscalizado en el momento previo a la firma. Una vez superado este requisito, el control desaparecía puesto que la gestión que se hacía del encargo no estaba sujeta a ningún tipo de fiscalización, vigilancia e intervención. Miel sobre hojuelas.

Reacciones de los socialistas

Como no podía ser de otra forma, los socialistas a través de su vicesecretaria y portavoz en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre,  han asegurado que  “todavía quedan muchos pufos pendientes por salir”. Sin embargo, a renglón seguido, reconoce que “no nos sorprende porque el Partido Popular, antes y durante el tiempo que estuvo en el Gobierno, hizo cosa que no estaban bien y que la propia Fiscalía está investigando”. Para Maestre, “éste y otros casos ponen encima de la mesa que hubo una mala gestión de los recursos públicos que pagamos todos los ciudadanos para hacer propaganda electoral” como parece ser la finalidad de la campaña investigada.

Por eso ha emplazado al presidente de los “populares” en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, a que “haga algún tipo de manifestación de reproche a esta noticia” porque ha recordado “los políticos tenemos que dar ejemplo, tenemos que inspirarnos en las buenas prácticas cuando gobernamos pero también en el seno de nuestros partidos”, para seguidamente concluir:“al PP le sigue persiguiendo la sombra de las malas prácticas y también la sombra de la corrupción como están sentenciando los tribunales”.