En medio de los embistes parlamentarios casi diarios, un rara avis. Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley para la creación de una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero impulsada por el Gobierno con amplio consenso tanto en el seno de la coalición y los socios como por buena parte de la oposición. Entre agradecimientos cruzados por el buen tono de las negociaciones y del resultado de la norma, la Cámara Baja ha aprobado sin especial crispación en el ambiente el texto, que -con todo- ha obtenido tibias críticas por la no inclusión de sendas enmiendas planteadas por los grupos. Así, la norma que contempla controles de la mano del Banco de España, la reforma de la CNMC o multas por reclamaciones con mala fe, entre otras, avanza ahora hacia el Senado para su puesta en marcha definitiva.

Luz verde a la Autoridad del Cliente Financiero

Hace tan solo unos días que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital decidió con un amplio consenso elevar al Pleno el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero "para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes". Se trata de una iniciativa nacida en el seno del Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía que lidera Nadia Calviño, y que ha obtenido un holgado respaldo de los grupos en todas las fases. También en el Hemiciclo. De esta forma, tal y como sucedió en la comisión, han apoyado el proyecto el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu. También Ciudadanos. Por su parte, el PP y Junts se han abstenido junto a la CUP mientras Vox ha votado en contra con Coalición Canaria.

Así, tras superar el pasado martes su fase de ponencia en una sesión única y convertirse en dictamen dos días después, el texto -que se tramita por carácter de urgencia- ha obtenido este jueves la rúbrica de una mayoría del Hemiciclo -con 186 síes, 47 noes, 95 abstenciones y sin la aprobación de nuevas enmiendas- y pasa ahora al Senado para lograr la aprobación de forma definitiva tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La norma, que supone la creación de un intermediario para tramitar conflictos o reclamaciones entre las instituciones financieras y sus clientes, ha salido adelante en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Un tanto que pretenden apuntarse tanto en el Ejecutivo como los sustentadores del proyecto.

¿Qué dice la ley?

Sin sorpresas. Como estaba previsto, este proyecto de ley ha salido adelante sin ningún tipo de altercado a la luz de los resultados de las negociaciones. Y es que incluso la oposición ha celebrado el buen tono de la discusión de la iniciativa, que ha incorporado en origen algunas de las enmiendas propuestas por grupos como el PNV, ERC, BNG o el PP. Estos últmos, aunque han sido muy críticos con la ley, han optado por la abstención así como UPN. Pero esto no ha tumbado los agradecimientos cruzados entre las formaciones, que han aplaudido el hacer honesto de las partes y de la ministra Calviño. Durante el debate, la mayoría de los portavoces han destacado la "necesidad" de implantar este mecanismo al tiempo que han celebrado que han logrado "mejorar" sustancialmente el texto que salió del Consejo de ministros y "la vida de la gente". Todos menos Vox.

Y es que esta norma contempla sendas modificaciones para el documento, que pretende descongestionar los juzgados y ampliar la protección especialmente para las pymes. Así, se establece un cambio en la tasa de financiación para castigar a las organizaciones más sancionadas por el organismo o la acotación para todos los recursos a una jurisdicción exclusivamente civil. Asimismo, también se ha añadido la exclusión de las grandes empresas del sistema de reclamaciones, en referencia a la definición recogida en la normativa europea, por lo que únicamente los clientes financieros de pequeñas, medianas y microempresas podrán acudir a esta nueva Autoridad de Defensa. Mientras tanto, las organizaciones estarán obligadas a garantizar una atención presencial en sus oficinas para mejorar especialmente la atención a las personas mayores.

El Banco de España y la CNMC

Entre lo más destacado, este texto contempla un permiso especial al Banco de España para infiltrarse como cliente con el objetivo de inspeccionar de forma encubierta a las entidades en sus propias sucursales gracias a una enmienda transaccional del PSOE, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT. Como resultado, el organismo financiero nacional podrá verificar e investigar estas oficinas sin necesidad de avisarles con anticipación o que los inspectores revelen su afiliación a este supervisor. También los empleados de este organismo tendrán la facultad de "solicitar la colaboración de expertos", lo que significa que podrán autorizar a un tercero para que lleve a cabo la elaboración de informes sin tener que comunicar a los bancos que esta actuación corre a cargo de otro.

El proyecto también establece una reforma en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aumentar las multas a todos aquellos directivos que incorporen su organización en cárteles de hasta 400.000 euros, amplía el plazo de las investigaciones supervisoras hasta los dos años al tiempo que recoge que todas las empresas investigadas puedan ver reducidas sus recargos si aceptan su responsabilidad. En cuanto a las reclamaciones, el tope de la cuantía se ha fijado en 20.000 euros para distinguir entre decisiones legalmente vinculantes sobre la conducta y las cláusulas abusivas. De esta forma, este organismo pretende centralizar la gestión de todas las quejas por parte de clientes en la comercialización de productos bancarios, pólizas de seguro y productos financieros con sanciones por mala fe.