La publicación por parte de ElPlural.com de que el 92% de las denuncias que se presentan contra jueces y magistrados acaban archivadas y que del 8% restante no se sabe ni a quién van dirigidas, ni por qué, ni si existen jueces reincidentes, ha llevado a Compromís a elevar una pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La pregunta, realizada por Alberto Ibáñez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y diputado de Compromís, es la siguiente: ¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia impulsar en 2026 la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para impulsar la transparencia del CGPJ y terminar con el corporativismo entre togados?

En el escrito, dirigido a la Mesa del Congreso, Ibáñez afirma que la publicación de este periódico evidencia que 9 de cada 10 de las denuncias a jueces en 2024 -todavía no se dispone de 2025- fueron directamente archivadas por el Consejo General del Poder Judicial sin abrir ni expediente. De las 617 interpuestas solamente el 8% derivó en actuaciones internas por parte del gobierno de los jueces. Una cifra sin transparencia ya que no podemos conocer el grado de multireincidencia ni de la sanción concreta de las mismas.

Para Ibáñez, este dato es "una fotografía de impunidad terrible que abona el corporativismo, la arbitrariedad, la corrupción e incluso, como hemos visto los últimos años, el lawfare contra diferentes liderazgos de izquierdas e independentistas".

Transparencia por ley

Es por lo anterior que, a su juicio, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes es uno de los más productivos legislativamente, sería fundamental que, en cualquiera de las reformas en trámite o una concreta de mayor profundidad, el Gobierno mejore el procedimiento de denuncia sobre los jueces, modifique los tipos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y para garantizar el buen gobierno legisle sobre la necesidad de emitir anualmente un informe público detallado sobre el número de denuncias, las causas más habituales, que sanciones se han implementado y el perfil de los profesionales sancionados.