Graves problemas en el ámbito judicial para la presidenta de la Comunidad de Madrid. El juzgado de Instrucción número 15 de la capital ha pedido a la Asamblea que certifique la condición de aforada de Cristina Cifuentes, paso previo a su imputación, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en las Marchas de la Dignidad del 22-M de 2014, momento en el cual la presidenta era Delegada del Gobierno, según recoge el diario El Mundo.

Junto a ella, diversos colectivos que organizaron las protestas piden también la imputación de todos los mandos policiales y políticos que participaron en el dispositivo de seguridad, entre ellos, Ignacio Cosidó, director general de la Policía y Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil. En total, más de veinte.

Denuncia recaudada

La denuncia partió de la plataforma “Acción Popular Marcha de la Dignidad 22-M”, y fue presentada el 13 de febrero de 2015 por “delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos (Artículos 540 a 542 CP), así como todos aquellos otros delitos que resulten en el curso de la investigación”, según recogen en su web.

Para llevar adelante la denuncia, han tenido que recaudar una fianza de 48.000 euros que le exigía el juez al considerar “los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados”.

Los disturbios tras las marchas

Aquel 22 de marzo de 2014, confluyeron en Madrid miles de personas de toda España para protestar por la situación económica bajo el lema “No al pago de la deuda. Fuera los Gobiernos de la Troika. No más recortes. Pan, Trabajo y Techo”.

Según relatan los denunciantes, los altercados posteriores comenzaron por la acción de policías infiltrados en la concentración por instrucción de sus mandos. Los altercados se saldaron con más de un centenar de heridos, 67 de ellos agentes, y 29 detenidos.

“Se cargó contra los manifestantes pacíficos con la excusa de que un pequeño grupo no identificado y de menos de 50 personas estaba generando un incidente. Se cargó de forma expansiva disolviendo de facto la manifestación pese a los requerimientos de los organizadores, provocando un peligro real sobre la integridad de miles de personas”, precisa los querellantes en el escrito.