El artículo 155 de la Constitución ha vuelto a salir a escena. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha puesto su bancada a disposición del Gobierno para aplicar un 155 educativo en Cataluña en caso de que el Govern de la Generalitat se niegue a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a todos los colegios a ofrecer al menos el 25% de la formación impartida en castellano.
Este martes, el Alto Tribunal confirmó la obligación de que haya un mínimo de enseñanza de castellano dentro del sistema educativo catalán al no admitir un recurso de casación de la Generalitat catalana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Antes de asistir a la concentración en Madrid de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, Casado ha avisado al presidente del Gobierno que está “obligado” a hacer cumplir ese fallo del Supremo y le ha advertido de que si no lo hace “podría estar prevaricando”. “Le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en éste ámbito educativo, lo haga”, afirmaba el líder del PP.
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora". En la misiva, Gonzàlez-Cambray agradece la "dedicación" de los docentes e insiste en que el modelo de escuela catalana es el de la ley catalana.
La sentencia ha sido mal recibida también por Podemos, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamando directamente a que los padres que quieran una educación en castellano para sus hijos los inscriban en la escuela privada.
