La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante un encuentro con niños saharauis, en el Ayuntamiento de Madrid. EFE
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, ha paralizado más de 220 desahucios de vecinos de viviendas de la EMVS que el gobierno de Ana Botella iba a vender a un fondo buitre, en una operación iniciada en 2012. Ha sido la propia Carmena quien ha anunciado el bloqueo de los vecinos agrupados en la plataforma Yo no me voy, que residían en viviendas de protección de la calle Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco, 16 y Madera 24 y 26.
La alcaldesa de Madrid ha pedido tranquilidad a los dueños de los 2.086 contratos restantes que aún están afectados por la intención de Botella de vender sus viviendas públicas, por las que están pagando un alquiler social. "Hay muchos vecinos desorientados", ha criticado la primera edil y les ha asegurado que "sus pisos no se van a vender".
"No perderán sus viviendas"
Los afectados por los "más de 70 desahucios" previstos ya "han recuperado sus viviendas", puesto que "el Ayuntamiento va a desistir de todos esos lanzamientos". Una decisión que ha justificado Carmena porque "el derecho a la vivienda es un pilar fundamental en la vida de las personas". La alcaldesa ha subrayado que está "localizando" a los vecinos, que ahora están "desorientados" al pensar que se anularán sus contratos sociales, para explicarles que los contratos, que muchos firmaron en los años 80, "es y no perderán sus viviendas".
La reacción de la plataforma de afectados ha sido positiva: "Se nos ponen los pelos como escarpias al ver la agilidad de los nuevos mandatarios", ha señalado Alberto Romeral, presidente de Yo no me voy. "En dos años y ocho meses (la exalcaldesa) Ana Botella no fue capaz de recibirnos ni una vez, nos ignoró totalmente y la EMVS algo parecido", ha dicho.
Una revolución
"Malas caras", "malos modos" y "acoso" han sido los términos con que Romeral ha definido la actitud del equipo de Botella, formado según él por "señores feudales" que pensaban que el patrimonio público era suyo y podían disponer de él a su gusto y "venderlo a un fondo buitre".
"Los vecinos pueden estar tranquilos en sus inmuebles", ha asegurado el abogado, de la plataforma, Endika Zuloeta quien ha subrayado que parezca "casi una revolución" que una Administración pública "cumpla lo que dice la Constitución, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna".
