El acuerdo entre PSOE y Partido Popular para renovar el Consejo de RTVE vislumbraba un horizonte de consenso con respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues ambas formaciones trabajaban en un pacto en bloque para los citados órganos, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, Pablo Casado continúa negándose en rotundo cuando más próximo parecía el concierto. El veto de los populares a los vocales de Unidas Podemos es el principal escollo y, de momento, no se tragan ese sapo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado este viernes en una entrevista en Canal Sur Radio que el PP ponga "el foco delante de personas con nombres y apellidos” porque hace "muy difícil sacar" adelante un acuerdo.

"Yo no voy a sacar nombres a relucir. Lo importante es que los jueces actúen como tal de manera imparcial con las normas que les damos. Como esto es lo más importante, cuando se baila con tantos nombres para sí o para vetar acaban siendo muy difíciles las cosas. Lo más importante es la calidad del currículum de las personas que llegan al órgano, porque esa calidad está objetivada y son requisitos que hay que cumplir antes de proponerlos", ha sostenido la vicepresidenta.

Un acuerdo marco excesivamente frágil

En la víspera de la votación para la renovación de la radiotelevisión pública trascendió que el acuerdo por la cúpula judicial era inminente pero frágil. Y los peores augurios se han cumplido. Se ha roto -al menos de momento-.

Casado no admite que haya vocales vinculados con Unidas Podemos. De hecho, sel secretario general del PP, Teodoro García Egea, alardeó de que los morados estaban “al margen” de las negociaciones, pues en la mesa se sentaban él y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños.

Tanto los socialistas como Unidas Podemos lo desmintieron. Bolaños negocia en nombre del Gobierno de coalición, por lo que una cosa es que no participen de las conversaciones y otra muy distinta que sus elegidos no logren plaza en el CGPJ.

Por parte de Podemos, se valoran los nombres de José Ricardo de Prada, juez decisivo en la sentencia Gürtel; y la exdiputado Vicky Rosell.

Aquí es donde el PP pisa terreno pantanoso. En el pasado, hasta partidos como IU y los nacionalistas consiguieron introducir sus nombres. No tendría sentido alguno, por tanto, que los morados no incluyan los suyos y, en esta ocasión, deberían ser dos de los 20 vocales.

Históricamente, se respetan las propuestas de los otros grupos y no hay vetos a nombres una vez trabajadas las cuotas. Esta premisa es la que el PP amenaza con saltarse y dinamitaría no solo el pacto con el PSOE, sino que tumbaría un fuero de décadas.