El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, ha remitido este miércoles al ala socialista del Gobierno su propuesta de desplegar un cheque ayuda a las familias de hasta 500 euros, que beneficiaría entre siete y ocho millones de hogares al repercutir en aquellos con ingresos no superiores a los 42.000 euros anuales. También en línea con lo manifestado por la formación, demanda crear un nuevo impuesto temporal a los grandes supermercados que gravaría en un 33% sus beneficios extraordinarios de estas compañías, siguiendo la filosofía de los tributos temporales a la banca y las energéticas ya aprobado.

Junto a ello se incorporan dos medidas "clave" en la garantía el derecho a la vivienda. De esta forma, para las familias con hipotecas se congelarían durante todo 2023 las cuotas sujetas a tipos de interés variables. Mientras, los hogares que viven de alquiler, se extendería durante un año adicional la duración de los contratos de arrendamiento para evitar grandes subidas de los precios, como ya se hizo durante la pandemia mediante real decreto.

Fuentes del Ministerio han explicado que esto son los puntos centrales de la batería de medidas legislativas que incluye su documento, de cara a la próxima prórroga del decreto anticrisis que debe acometer el Ejecutivo de coalición.

La filosofía de estas medidas pivota en ayudar a las familias ante la subida de los precios de los alimentos, garantizar la adecuada nutrición de los menores y la "adecuada" protección del derecho a la vivienda.

De esta forma, el pago del cheque ayuda, tal y como ha diseñado Derechos Sociales, sería otorgado tanto a personas trabajadoras por cuenta ajena o propia como beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo. Así, ampliaría las ayudas directas aprobadas en junio y contribuiría a que las familias compensen la subida de los precios.

Además, se pide otorgar una subvención a las CCAA para que reduzcan el coste de los comedores escolares a los menores de 16 años, garantizando así su adecuada nutrición. Este fondo beneficiaría a los alumnos de colegios públicos que estén en riesgo de pobreza o exclusión social.

La propia Belarra ha explicado a los medios en los pasillos del Congreso que son necesarias "medidas valientes" para proteger a la ciudadanía en momentos difíciles, como en la actual crisis, ante los dos mayores gastos que asumen ahora las familias: la vivienda y la cesta de la compra marcada por la inflación. Por tanto, ha destacado que el cheque ayuda y el resto de medidas en conjunto son "muy importante" para dar una inyección a las economías domésticas, para así poder hacer frente por ejemplo a los precios de los alimentos, que están lastrando a "muchas rentas" del país.

En consecuencia, la ministra ha enfatizado que es importante que Unidas Podemos y PSOE se pongan de acuerdo, de cara a esta prórroga del escudo social anticrisis, y espera que pueda haber "pronto buenas noticias" dado que debe acometerse la prórroga antes de que acabe el año.

Podemos ya avanzó el lunes en rueda de prensa sus propuestas para la prórroga del decreto anticirisis y entonces dijo que la cifra de beneficiarios del cheque ayuda llegaría a ocho millones de personas.

El coportavoz del partido, Pablo Fernández, apuntó que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes distribuidoras había tenido "buenos resultados" en Portugal y su despliegue tendría efectos "disuasorios" para evitar la subida de precios de alimentos.

A ello, se suma también otro punto y es incrementar en un 50% la financiación del transporte público, dado que en este contexto ve una necesidad potenciar su uso entre la ciudadanía.

Respecto a las hipotecas, el dirigente de la formación morada ha desgranado que se han elevado un 40% y supone un "gasto desmesurado" para las familias, que debe atajarse con la congelación del coste de dicho crédito.

Por tanto, Podemos confía en que su socio se "avenga", "acepte" y "apoye" estas propuestas que son de "sentido común" para "amparar y proteger" a un colectivo relevante de la población.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comentó el lunes que el Ejecutivo está negociando ahora medidas extraordinarias para seguir avanzando en la protección de derechos y fundamentalmente en dos campos: vivienda y combatir la inflación en los precios de la alimentación.

En este sentido, destacó que los contactos dentro del Ejecutivo se despliegan con discreción y "confidencialidad absoluta", dado que si se "quiere llegar a acuerdos" interesa que "transite la negociación".