El Juzgado de lo Contencioso número 6 instaba al Ayuntamiento de Oviedo a cumplir la sentencia que rechazaba y anulaba el cambio de nombre de 21 calles. Una medida basada en la ley de la Memoria Histórica. El Consistorio decidió desoír el auto de y ha planteado una jugada más que arriesgada.

Según relata El Comercio, la Abogacía Consistorial requería, al principio, acatar el fallo, no recurrirlo y cumplir con lo que la instructora sentenció. Es decir, restituir los nombres de las 21 calles que el Ayuntamiento cambió en su momento. Sin embargo, la posición del servicio legal del Consistorio ha cambiado sobremanera.

Un informe de Abogacía, firmado por la letrada Patricia Ibaseta, que se aferraba a la literalidad del auto por el que la jueza solicitaba el cumplimiento de su sentencia para recordar “que las únicas excepciones a la íntegra ejecutabilidad de las sentencias firmes es la imposibilidad material o legal” de hacerlo.

Estrategia tras recurso ‘popular’

La estrategia que sigue ahora el Consistorio, para driblar el recurso del Partido Popular, es alegar que, “en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica”, el gobierno regional tramitó un expediente para modificar el nombre de las calles. Esto podría entenderse como una “imposibilidad legal” para la ejecución de la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha cercado esa estrategia en varias sentencias en los últimos años. Además, puede ocurrir que el intento no salga adelante y la instructora se base en la doctrina del Constitucional en materia de lo Contencioso. La administración “ha de llevar a cabo la ejecución del fallo con necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado y que cuando tal obstaculización se produzca, el juez ha de adoptar medidas necesarias para su ejecución sin que se produzcan dilaciones indebidas”.

En peligro la retirada de los monolitos

Pese a la labor de la Concejalía de Patrimonio para cumplir con la ley de la Memoria Histórica, los monolitos de la plaza del Fresno podrían continuar en su ubicación. Y es que se ha hecho público un informe que acredita la propiedad de la Hermandad de Defensores de Oviedo de estos.

Cristina Pontón, concejala responsable de esta acción, divagó sobre la posibilidad de que el Museo de la Guerra Civil de Grado se convirtiera en el nuevo hogar de los monolitos cuando se ejecutara su retirada.

Por su parte, la Hermandad de Defensores advierte que “presentarán las alegaciones” pertinentes y anuncian que “les buscará el lugar digno que merecen”. Además, han asegura, según recoge el diario El Comercio, que les gustaría “llegar a una solución que satisfaga a todos”.