Memoria Histórica ha propuesto al Gobierno una medida urgente para exhumar fosas y poder recuperar los restos de alrededor de 25.000 víctimas del Franquismo y la Guerra Civil. Esta propuesta queda muy apartada en cuanto a cifras, ya que los datos estiman que hubo unas 130.000 víctimas por violencia franquista, y unos 114.000 desaparecidos en fosas comunes, tras haber sido fusilados, según el cálculo de las asociaciones de víctimas y represaliados.

La medida entra dentro de un informe que doce investigadores han realizado para el Ministerio de Justicia, y que ha sido organizado por Francisco Etxebarría, forense y profesor de la Universidad del País Vasco. Este informe, al que ha tenido acceso Cadena SER, sería un análisis del “estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes en la Guerra Civil y dictadura Franquista”.

Los datos del informe dicen que desde el año 2000 se han llegado a exhumar tan solo 740 fosas comunes, de las que se han rescatado 9.000 cadáveres. Esto ha sido posible gracias a las asociaciones de la Memoria Histórica, aunque han recibido muy poca ayuda de parte de las instituciones. Según el Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia, habría casi 2.500 fosas, con lo que aún quedan muchas por encontrar. Por ejemplo, aunque en el País Vasco ya no haya ninguna, en Andalucía quedan unas 700.

El escrito determina que “con una intervención oficial del Estado” se podría solucionar el tema de los desaparecidos en un periodo de cuatro a cinco años, siendo fundamentales siete equipos forenses compuestos por unos 50 trabajadores coordinados por un Consejo General de la Memoria Histórica. Con todo esto “podrían recuperarse de 20.000 a 25.000 víctimas de las fosas que quedan todavía por exhumar y de ellas sería posible identificar entre 5.000 y 7.000 personas”.

Fernando Serrulla, médico legal y forense, ha dicho a Cadena SER que “este cálculo tiene un margen de error bastante amplio porque cada vez quedan menos familiares, así que es muy posible que ese número sea incluso menor”. Según Serulla, quien ha colaborado en el estudio, las fosas que se buscan no se localizan por diversas razones: “porque encima se ha construido una carretera o un edificio, porque el cementerio ha sido trasladado o porque simplemente la ubicación no es la correcta. En otros casos, los cadáveres fueron exhumados por las familias al terminar la Guerra Civil o en épocas posteriores”, señala el informe.

Además, Serrulla cree que las estimaciones son “una decepción” por la baja perspectiva de recuperación, ya que el movimiento de memoria histórica lleva mucho tiempo trabajando y solicitando ayuda al Estado: “Las víctimas están absolutamente abandonadas y es sorprendente que desde la democracia ningún gobierno haya sido capaz de poner remedio a esta situación, es increíble que España siga siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya”.

Serulla añade que “en estos 19 años se han hecho cosas muy puntuales y no se han seguido las indicaciones de la ONU”, y los expertos alertan de que este problema debe resolverse con rapidez por la edad de los familiares. Durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, entre los años 2006 y 2011, el gobierno apoyó la causa y consiguieron hacerse más de 370 exhumaciones y se llegaron a recuperar 5.8000 víctimas. Tras la llegada del PP al gobierno en 2011 se suprimieron las ayudas, y las siguientes exhumaciones se consiguieron gracias a ayuda de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

El documento concluye con que la pesquisa de los desaparecidos debería ser responsabilidad también del Estado, y que es necesaria una oficina de atención a las víctimas, coordinada por las comunidades, y también la elaboración de protocolos comunes y la creación de una página web con la colaboración de familias y profesionales.

Según la emisora “los expertos proponen además crear un archivo unificado de fuentes orales porque los recogidos hasta ahora está dispersos y fragmentados”. Los expertos también indican que el Estado debe de seguir los consejos de las instituciones internacionales para asegurar el derecho a la justicia a los afectados, creando normas como tipificar la desaparición forzada, establecer la imprescriptibilidad del delito y analizar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, ya que supone una dificultad para el ejercicio de la justicia.