Las asociaciones representativas de la Guardia Civil han pedido explicaciones a su Dirección General y al Ministerio del Interior por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos a propuesta de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, por "pérdida de confianza".
El coronel remitió el documento sin informar a la cúpula
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmó el cese el cese del coronel de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil el domingo. Tres días antes, Diego Pérez de los Cobos había remitido a la jueza que instruye el 8-M el informe que contenía las conclusiones de la investigación sobre la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid los días anteriores y posteriores a la celebración de la marcha multitudinaria de las mujeres en la capital. El coronel remitió el documento al Juzgado sin informar antes a Gámez y Grande-Marlaska, un hecho que "nunca ha ocurrido" en el Cuerpo, según indican guardias civiles consultados por ElPlural.com.
Duros comunicados de dos asociaciones
La Asociación Española de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y la Asociación Profesional de Cabos (APC), representativas de la Guardia Civil, han reaccionado con duros comunicados a la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Para estas organizaciones, el cese tiene "únicamente consideraciones políticas" y busca influir en la investigación sobre las responsabilidades de miembros del Gobierno en la celebración del 8 de Marzo a pesar de la alarma sanitaria.
La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha advertido ya de que investigará si el cese se ha producido para tratar de influir en la investigación. La decisión de la jueza ha sorprendido, teniendo en cuenta que "lo habitual es que se informe a la cadena de mando de las investigaciones", según aseguran las mismas fuentes a ElPlural.com.
"Un acto de consideraciones políticas"
La Asociación Española de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), en un comunicado, ha expresado su "más absoluta repulsa" a la destitución del coronel por "constituir un acto arbitrario de consideraciones únicamente políticas que atentan gravemente a la trayectoria profesional" del jefe de la Comandancia en Madrid.
Esta asociación considera que el cese pone "en tela de juicio la neutralidad política que debe imperar en las actuaciones que debe llevar a cabo el Cuerpo. La Guardia Civil constituye una gran herramienta de auxilio a la administración de justicia consagrada en el artículo 126 de nuestra Constitución al disponer que la Policía Judicial dependa de los Jueces y Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente".
"Lealtad no es servilismo"
Por su parte, la Asociación Profesional de Cabos (APC), en otro comunicado, ha subrayado que "la lealtad no es servilismo" y señala a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y al ministro Marlaska que "se equivocan" si creen que "al poner a un guardia civil en un determinado puesto, desde el más nimio hasta el más importante tiene comprada su lealtad a cualquier precio".
"Se olvidan que cuando tratan con nosotros, con los guardias civiles del siglo XXI (y da igual el empleo que ostenten), cuando nos ordenan, cuando nos mandan están tratando con los herederos de aquellos que primero vistieron el sombrero de dos picos y luego el tricornio, de aquellos que se han enfrentado sin miedo a la muerte, en cumplimiento de un sagrado juramento, a bandoleros, terroristas y criminales de la peor ralea… y que siguen siendo fieles a su deber, serenos en el peligro, desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia (sin debilidad) y firmeza, están penetrados de la importancia de su misión; y hoy, como hace 176 años, tienen como divisa el honor, y el honor queda muy por encima de la lealtad o, mejor, de esa falsa lealtad cuando solo se exige en un solo sentido sin reciprocidad", dice el comunicado de la APC.
La asociación mayoritaria pide a Marlaska "transparencia"
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha considerado que el cese del coronel es un hecho "extraordinario" y el ministro Grande-Marlaska "debe dar explicaciones: de manera general, a la ciudadanía, y de manera específica, a los guardias civiles", en pos de "la transparencia".
