Para terminar el año, la Comunidad de Madrid que preside Ignacio González ha promulgado el 27 de diciembre una Ley de medidas fiscales y administrativas que entre otras cosas autoriza el uso de fincas situadas en zonas protegidas medioambientalmente (por ejemplo la Cuenca Alta del Manzanares),  y propiedad en muchos casos de aristócratas y particulares en ocasiones relacionados con personas del gobierno madrileño, según han denunciado a ELPLURAL.COM ecologistas en acción. Entre los posibles beneficiados por esta legalización se encuentra la finca La Muñoza de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel, cuya presidenta Carmen Cafranga está imputada ahora por su cargo en Caja Madrid, ha sido relacionada con la esposa de Ignacio González en la dirección de la firma de arte Subastas Segre.

“En esta Ley,  la Comunidad de Madrid ha metido, a modo de cajón de sastre, todo lo que tenían que meter para resolver los compromisos pendientes, entre otras cosas, dar salida a las presiones de los grandes de España y de los aristócratas que tenían problemas para explotar sus fincas como lugares de celebración de eventos”, ha manifestado a ELPLURAL.COM Javier Zamora, abogado de la Asociación madrileña de empresarios de restauración y de la Asociación empresarial hotelera de Madrid. “Llevamos un montón de años intentando que estos aficionados a la hostelería pasaran por el aro de la normativa cumpliendo los requisitos sanitarios, técnicos, de seguridad… que se exigen a todos los hosteleros; denunciando y exigiendo que se cumpla la normativa”. ()

 

Duques, marqueses y amigos
“La Comunidad de Madrid favorece así a decenas de fincas denunciadas, buena parte vinculadas a la nobleza y al Partido Popular”, explicó  por su parte a ELPLURAL.COM Ecologistas en Acción. “Entre las fincas investigadas o denunciadas se encuentra El Pendolero, en Torrelodones, propiedad del duque de Maura; La Escorzonera-El Chaparral, en Pozuelo de Alarcón, propiedad de la familia del Marqués de Mondéjar; la finca El Rincón, en Aldea del Fresno, propiedad del marqués de Griñón; El Soto de Mozanaque, en Algete, propiedad del duque de Alburquerque; la finca Prados Moros, en Guadarrama, propiedad de la familia Araluce; La Muñoza, en Madrid, propiedad de la Fundación Carmen Pardo Valcarce cuya presidente es Carmen Cafranga Cavestany, vinculada mediante la firma de arte Subastas Segre a la esposa de Ignacio González. (Cafranga figura entre los antiguos consejeros de Caja Madrid ahora imputados). También hay fincas precintadas como la de Las Tres Fuentes, en Galapagar, propiedad de la familia Llorente Rosillo.”

 

 

Espacios protegidos… desprotegidos
La Ley, explican los ecologistas “autoriza la celebración de actos sociales y eventos familiares de especial singularidad -es decir bodas, banquetes y fiestas- en las edificaciones habilitadas para ello ubicadas en suelo no urbanizable y de cualquier protección. Además, añade que esos usos se considerarán compatibles con las normas de protección establecidas en la legislación sectorial de la Comunidad de Madrid, es decir la normativa de protección, incluida la de los espacios protegidos. Todo ello se autoriza eludiendo cualquier forma de evaluación ambiental y dejando sin efecto la normativa urbanística y ambiental que prohíbe estas actividades en espacios protegidos y en terrenos de alto valor, como montes preservados, embalses y humedales”.

 

 

Impunidad
“Existen alrededor de 40 fincas que se investigaron por organizar este tipo de eventos sin licencia. Todas ellas se ubican en suelo protegido y en entornos de elevado valor ambiental, incluidos espacios protegidos y Red Natura 2000. Ocho de estas fincas cuentan con órdenes municipales de cese de actividad y nueve han sido precintadas por ilegales. Incluso la Fiscalía Provincial de Madrid investiga algunos casos”, añaden. “Por otra parte, la jurisdicción contencioso administrativa ha declarado que estas actividades son industriales de hostelería que exigen licencias y autorizaciones medioambientales. Sin embargo el nuevo artículo vacía de contenido todas estas actuaciones y declara la impunidad de estas actividades independientemente del impacto que produzcan en el territorio”.

 

 

Tomar copas no es igual que venderlas
El abogado Javier Zamora ironiza: “Algunos de estos propietarios creen que saben mucho de dar copas, debe ser porque toman copas y creen que con eso ya se es experto... Pero para dar copas, para organizar eventos, bodas, congresos de empresarios,  hay que cumplir con los requisitos de hostelería. Nos dimos cuenta de que gran parte de estas fincas se eximían de los requisitos que se exigen a los profesionales. Ellos dicen que las arriendan a los particulares, incluso he llegado a recibir un burofax de un propietario diciendo que la actividad ¡es inmobiliaria! En algunos casos cuentan además con el respaldo de los ayuntamientos que no exigen licencias. Hemos denunciado ante los ayuntamientos y ante diferentes consejerías. Y ahí está la Consejería de Sanidad que no se casaba con nadie y que cuando ha inspeccionado sí ha actuado”.

 

 

Agua de pozo y carpas sin informe técnico
“El principal obstáculo que tenían era el de la protección medioambiental. En parajes de este estilo no se pueden realizar actividades que suponen la afluencia de 800 o mil  personas en vehículos, en autocares… Ese era un gran problema para ellos pero ahora esa contravención de usos de un parque natural ya no existe, ahora se permite. Pero quieran o no duques, marqueses y políticos, hay que observar unas medidas de higiene y de sanidad. Cuando los inspectores sanitarios han acudido a algunas de estas fincas, se han encontrado con que se utilizaba agua de pozo, algo radicalmente prohibido. O medidas técnicas: Se han producido dispensas de verificar las instalaciones eléctricas (nadie lo controla). O para montar carpas, lo legal es que el Ayuntamiento exija el informe de un arquitecto en que se pida  la resistencia al viento. En unas zonas como estas son  temas elementales. Y si hablamos de seguridad en eventos…”.


Un sarcasmo
Ecologistas en Acción insiste en este aspecto de riesgo para el medioambiente: “La celebración de este tipo de actos y eventos reúne a centenares de vehículos (coches y autobuses) y cientos de personas en cada día de los fines de semana de temporada, permitiendo la ambientación musical a altos niveles. Esto sucede en zonas protegidas por la presencia de hábitats y/o fauna sensibles, incluyendo zonas de anidamiento. Además habilitar estas fincas para la realización de eventos requiere la construcción y/o asfaltado de caminos, construcción de plataformas de hormigón para instalar carpas, acometidas de luz, agua, red de saneamiento, recogida de residuos, etc. Por tanto, estas actividades realizadas de forma continuada resultan incompatibles con la protección de la fauna y de la flora del entorno y es un sarcasmo afirmar que son compatibles con la protección”.