Agustín Conde ocultó al Congreso que es dueño de una empresa y asesor del Santander

El diputado y portavoz del Grupo popular en el Congreso Agustín Conde no declaró a la Cámara la creación, en 2002, de una empresa de eficiencia energética, que nombró Eco Witt,  ni, tampoco, que en marzo de 2003 comenzó a trabajar para la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira Real State, como representante legal en su condición de abogado,  en pleitos de impagados, como puede ser el caso de las hipotecas, según adelanta la SER. El político nunca ha tenido ningún conflicto moral, como ya adelantó ELPLURAL.COM en varias informaciones publicadas en 2013, cuando se ha puesto del lado del poder económico como asesor legal y ha perjudicado a cientos de familias.

No contó al Congreso la creación de Eco Witt
Conde recibió en abril de 2012 autorización del Congreso para compaginar su labor como diputado con la de abogado en el sector privado, específicamente como administrador de la asesoría Jurídica Conde y Esteban, un despacho en Toledo fundado en 1999 junto a Leandro Esteban, actual Consejero de Presidencia del Gobierno de Cospedal. En septiembre de 2012 se cerró el despacho, pero el político no comunicó esto al Congreso, ni tampoco, después, la fundación de su nueva empresa, Eco Witt.

No tuvo reparo en perjudicar a 40 trabajadores en un caso
Como ya contó ELPLURAL.COM, desde su despacho de abogados Conde y Esteban, el político asesoró a la empresa Vilar después de que se hicieran con las riendas de la compañía de autobuses Rubicar, concesionaria hasta agosto de 2012 de numerosas rutas escolares y transporte discrecional en Toledo, que intentaba continuar su actividad y mantener 40 puestos de trabajo. El Juzgado de lo Mercantil declaró nula la operación y el político intervino para asesorar a Vilar y  frenar la aplicación de la sentencia, perjudicando a Rubicar y a los 40 trabajadores.

Ni ético ni estético
Comisiones Obreras consideró entonces que la actuación del diputado del PP no era "ni ético ni estético". "A la ciudadanía le cuesta entender que cargos públicos, pagados con el dinero del contribuyente, se dediquen a diseñar e interferir en batallas jurídicas privadas, con un claro interés económico de parte”, según denunció el sindicato. El Gobierno de María Dolores Cospedal miró para otro lado y no movió un dedo para que se aplicara la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, que Agustín Conde frenó con su asesoramiento a la empresa privada.

Otro polémico caso
El actual portavoz del Grupo popular en el Congreso dejó constancia de su talante moral en otro caso, desvelado por ELPLURAL.COM, en 2013, cuando defendió la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dejaba en la calle a más de 400 familias.

Un salario de más de 60.000 euros
Conde cobra como diputado nacional por Toledo 60.305,24 euros y entonces era, además, presidente de la Comisión de Defensa, por lo que recibía 18.606,98 euros más, con derecho a asistente, coche oficial y chófer, según adelantó ELPLURAL.COM.

También ocultó su fichaje por el Santander
Este martes, la SER ha publicado que Conde ocultó en su declaración en el Congreso la creación de su empresa Eco Witt y su trabajo de asesor legal a la filial inmobiliaria del Banco Santander, Altamira Real State. El diputado es, además,  apoderado de otra de las sociedades del banco, Santander de Titulización Sociedad Gestora de Fondos.

Conde lo justifica como "gestión de patrimonio"
Respecto a su empresa energética Eco Witt, Agustín Conde ha justificado que no declaró su actividad en el Congreso porque puede entenderse como "gestión de patrimonio", ya que se trata de una empresa fundada por él mimo con su propio capital. Ha reconocido que ha tenido hasta hace pocos meses la mayor parte del accionariado de la empresa, de la que ahora posee un 20%.

No ve ningún conflicto moral
En cuanto a su trabajo para las filiales del Banco Santander, el político  ha alegado que no tiene por qué declarar quiénes son sus clientes, ni cada factura que ingresa. Conde ha añadido que se limita "a defender a la entidad en casos de pleitos contra morosos". Es evidente que para el dirigente popular no hay conflicto moral entre su condición de defensor de los intereses generales, como diputado nacional, y de abogado de un banco en asuntos tan sensibles como el impago de hipotecas con su derivado de los desahucios, que golpea a tantas familias.