María Dolores de Cospedal (1i), Agustín Conde (2d) y Mariano Rajoy (1d)  en un balcón de Toledo durante el Corpus. María Dolores de Cospedal (1i), Agustín Conde (2d) y Mariano Rajoy (1d) en un balcón de Toledo durante el Corpus.



Es legal. El diputado Agustín Conde puede ejercer de abogado, “sin relación alguna directa o indirectamente con el sector público”, pero puede ejercer, y por si fuera poco esto llevar también las riendas como administración único de la polémica asesoría jurídica Conde y Esteban S.L, según acuerdo de la Comisión del Diputado de la Cámara Baja en mayo de 2012 (ver Registro de Intereses). Pero una cosa es que el parlamentario toledano pueda compatibilizar su escaño en la Carrera de San Jerónimo con la práctica de la abogacía, y otra muy distinta que su condición de jurisconsulto le lleve casi siempre a defender a “los malos” contra “los buenos”. O lo que es lo mismo, Conde ha pedido en los últimos meses la ejecución de una sentencia que dejaría en la calle a 400 familias en Talavera de la Reina (como publicó ELPLURAL.COM el pasado agosto), o más recientemente aplicando ciertas maniobras jurídicas que ponen en peligro el puesto de trabajo de 40 personas en la capital de Toledo.

Varapalo judicial
El caso es que la “sabiduría legal” de Agustín Conde se pone una vez al servicio de intereses de dudosa moralidad, como es el caso de la empresa Vilar y la UTE Autobuses de Toledo, quienes consiguieron hacerse con las riendas de la compañía de autobuses Rubicar, concesionaria hasta agosto de 2012 de numerosas rutas escolares y transporte discrecional. Movimiento empresarial que no tuvo que ser muy ético para que el Juzgado de lo Mercantil  lo declara nulo. Pero ahí estaba Conde para asesorar al Grupo Vilar y frenar la aplicación de la sentencia y así continuar minando la credibilidad empresarial de Rubicar y su empeño de recuperar su actividad y mantener los 40 empleos ahora pendientes de un hilo.

“Ni ético ni estético”
No es de extrañar, entonces, que el responsable del sector de CC OO, José Luis Arroyo, denuncie públicamente que todo este embrollo protagonizado por el diputado/abogado del PP “no es ético ni es estético”, para seguidamente señalar que: “A la ciudadanía le cuesta entender que cargos públicos, pagados con el dinero del contribuyente, se dediquen a diseñar e interferir en batallas jurídicas privadas, con un claro interés económico de parte”.  Comportamientos que para el sindicalista justifica “la desafección de la ciudadanía respecto a la política, si bien a políticos como el señor Conde les importa poco”, sentencia.

Respetar la dignidad del escaño
Cómo habrá llevado el caso Agustín Conde para que su trabajo como abogado no guste ni al PP, ni a los sindicatos, ni a muchos de sus compañeros, que no entienden la compatibilidad de ambos cargos (diputado y abogado). Tal vez por eso, Arroyo pide al “señor Conde que respete la dignidad de su escaño y, en tanto lo ocupe, deje de interferir en asuntos en los que han tenido y tienen trascendental relevancia decisiones de la Junta de Comunidades, gobernada por su partido y de cuyo gobierno forman parte familiares directos suyos”, en referencia a su hermano, Antonio Conde Bajén, exdirector general de Trabajo y actual titular de la Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio. Y es que para el representante de CC OO “este cóctel entre intereses privados y decisiones políticas adoptadas por organismos controlados por políticos genera gran desasosiego, más aún cuando llueve sobre mojado.

Sospechoso silencio del Gobierno de Cospedal
Razón no le falta José Luis Arroyo. Cómo si no se explica que el Gobierno presidido por María Dolores Cospedal haya mirado para otro lado, eludiendo su responsabilidad a la hora de acatar y aplicar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, anulando las maniobras poco éticas de los representados de Agustín Conde, que pueden acabar con Rubicar y con los citados 40 puestos de trabajo ante la insistencia del diputado/abogado, cuyo recurso de queja deberá verse por la Audiencia Provincial de Toledo en estos días (ver recurso). Al menos, es lo que esperan los trabajadores de Rubicar, que urgen a los jueces “a zanjar cuanto antes y de forma definitiva un proceso jurídico cuya artificiosa prolongación amenaza la viabilidad de la empresa y de sus 40 puestos de trabajo”, asegura en un comunicado el comité de empresa.

El diputado de los 78.897 euros
Si a toda esta esperpéntica situación, añadimos que Agustín Conde Bajén es, además de diputado nacional por Toledo (60.305,24 euros), presidente de la Comisión de Defensa (18.606,98 euros más), con derecho a asistente, coche oficial y chófer, a lo que habría que sumar el resto de prebendas de las que disfrutan sus señorías (viajes gratis en transporte público, taxis, telefonía, dietas…), entonces, el enfado de los trabajadores de Rubicar y de CC OO está más que justificado, porque es difícil entender que alguien que cobra trece millones de pesetas al año del arcas públicas quiera ganar todavía más a costa del sufrimiento de otras personas, como bien señala el líder sindicalista.