Contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables fueron los delitos de corrupción que presuntamente llevó a Gobierno del Partido Popular de Murcia y la constructora ACS para que ésta se llevase 600 millones de euros y no asumiese ningún riesgo por la construcción de la desaladora de Escombreras (Cartagena).

Así se recoge en un informe de más de 200 páginas elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a la que ha tenido acceso El Confidencial. En él, se relata cómo altos cargos del Gobierno murciano del expresidente popular Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo, así como directivos de la constructora dirigida por Florentino Pérez, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta desalinizadora y cargaron sus deudas a los presupuestos regionales.

De los 32 altos cargos y funcionarios de Murcia señalador por la UDEF en el conocido como caso ‘La Sal’ destaca Antonio Cerdá, exconsejero regional de agua.

Los agentes de la UDEF explican que ACS y el Gobierno murciano del PP se aliaron para licitar las obras al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. La constructora se alió con inversores locales constituyendo en 2006 la sociedad mercantil Desaladora de Escombreras SA, y pagando 1,1 millones de euros en presuntas facturas falsas.

Menos de un mes después el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA, a la que autorizó a comprar el 51% de la firma creada por ACS y los inversores locales, haciéndola así de titularidad semi pública y adquiriendo todos los compromisos. Esta decisión fue tomada a espaldas de los servicios jurídicos y de intervención regionales.

La UDEF concluye en su investigación que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de los inversores privados ya se habían repartido las ganancias.

Desaladora de Escombreras SA se creó a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación.

Además, en las siguientes fases del proyecto el Gobierno regional siempre estuvo sustentando cualquier riesgo al que se pudiese enfrentar la constructora. Por ejemplo, Banesto aceptó financiar la obra después de que el Ejecutivo del PP presentase en solitario los avales para ello, enviando además una ‘comfort letter’ al banco que, según la investigación, había sido redactada por ACS, evitando nuevamente que se fiscalizase por los servicios de la intervención.