El pasado 24 de julio del año 2017 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad un Pacto de Estado contra la violencia de género que incluía 200 medidas y una dotación presupuestaria de 1.000 millones a distribuir en cinco años. En los Presupuestos Generales del Estado presentados este martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se esperaban como agua de mayo los 200 millones dedicadas a luchar con esta lacra. Pero el Ejecutivo ha hecho trampa, y los 200 millones podrían evaporarse.

En los PGE 2018 se especifica que el Estado pondrá de manera directa tan solo 80 millones, mientras que serán las comunidades autónomas y ayuntamientos los que deberán abonar los 100 y 20 millones restantes respectivamente. La clave está en que los 120 millones llegarán a las CCAA y los ayuntamientos vía sistema de financiación autonómica, no a través de una partida específica tal y como se había firmado en el seno del Pacto de Estado. En consecuencia, los diferentes territorios y entidades locales deberán detraer esta dotación, contrarrestando otras.

La portavoz parlamentaria de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha subrayado que “de esa forma, serán los ayuntamientos y las comunidades las que tengan que detraer de otras partidas ese dinero. Y lo harán o no lo harán. ¿Cómo va a saber el Gobierno que lo hacen? En realidad, de los 200 millones pactados faltan 120. Es una trampa y una burla a las víctimas. Estoy escandalizada". En suma, la partida podría no ascender a los 200 millones pactados. Por su parte, Sofía Castañón, portavoz de Podemos en la comisión de Igualdad del Congreso, lo ha tildado de “enorme trampa”.