Política
Banquillo del juicio Gürtel fuente EFE
Banquillo del juicio Gürtel.
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EFE

Dentro de la corrupción valenciana: dopaje vía Gürtel

Un juicio que comenzó con la confesión de todos y cada uno de los empresarios

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Dom, 1 Abr 2018

El recorrido que ha comenzado elplural.com por la corrupción valenciana ha tenido su inicio con la mayor trama de la historia, el caso Taula, pero la siguiente parada obligada está situada en una de las tramas que más tiempo lleva judicializada, el caso Gürtel. Más concretamente la pieza que actualmente se está juzgando en la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PPCV.

Para conocer las maquinaciones de los políticos populares es imprescindible hablar de este caso, ya que supone un ejemplo claro de cómo hacer trampas para asegurarse una victoria. La mecánica utilizada era bastante simple: El PP valenciano liderado por Francisco Camps necesitaba más dinero del que supuestamente tenía declarado que iba a utilizar para pagar sus actos electorales, así que decidieron utilizar a empresas constructoras, la mayoría de ellas adjudicatarias de obra pública en la Comunitat Valenciana, para sufragar los gastos de los actos que no podían pagar con el dinero en A.

Una vez consiguieron la financiación en B, el problema que se les presentaba era cómo utilizar ese dinero sin que saltara la liebre. Fue entonces cuando decidieron que lo que harían era utilizar a su empresa de cabecera, Orange Market, como pantalla. Desde la empresa recibían el dinero de los empresarios y, a cambio, les hacían facturas falsas a estos por trabajos no realizados, ya que en realidad lo que se estaba pagando eran los actos de partido.

En esta causa se sientan en el banquillo, además de los miembros de la Gürtel Álvaro Pérez -el Bigotes-, Francisco Correa y Pablo Crespo, los empresarios, varios trabajadores de Orange Market y los políticos valencianos como el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-; la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez que se enfrentan a más de siete años de prisión.

El juicio

El juicio comenzó con la confesión de todos y cada uno de los empresarios. Los nueve alcanzaron un acuerdo de conformidad que reducía la petición de penas y las dejaba en una multa. Tras estas confesiones llegó el turno del cerebro de la trama, Francisco Correa. Su declaración se esperaba con ansiedad por el resto de acusados. No defraudó.

Una sola frase de Correa puso en jaque todas las estrategias de las defensas: "No he tenido ninguna reunión con el PP de Valencia. El señor Crespo sí me dijo que se había reunido con Ricardo Costa y que Costa le dijo tenéis que facturar a unos empresarios". Las caras de los compañeros de banquillo, sobre todo de los políticos, cambiaban de color ante las palabras del cerebro de la Gürtel. Una vez hecha la tan ansiada confesión, prosiguió explicando la mecánica. "Todas las facturas que nosotros hemos emitido a estos empresarios que han pasado por aquí son trabajos reales para el PP", contaba sin alterarse. "Tenían que haber sido emitidas al PP pero como ellos no nos podían pagar nos dijeron: 'facturárselo a estos empresarios'", apostilló.

Al término de su declaración la tensión se podía cortar dentro de la sala. Los abogados de Crespo y de Pérez pidieron un aplazamiento del juicio para poder hablar con sus clientes y valorar la bomba que Correa acababa de soltar. Se aplazó. Dos jornadas después llegaba el día de la verdad y la sala de vistas volvió a vivir una sesión explosiva. Tanto Crespo como el Bigotes confesaron. Sus palabras avalaron lo dicho por Correa y los empresarios. Ese día todo cambió para las defensas, pues la Fiscalía Anticorrupción había conseguido lo que unos días antes parecía imposible: tener al alcance de su mano un condena.

Algunas de las declaraciones que ese día se vivieron ya han quedado para la historia. Crespo fue el primero y dijo: "Se cobró en efectivo una parte en dinero que no se declaró y que fue a parar a la caja B de Correa y también una parte de facturación de trabajos que fueron pagados a través de los empresarios".

Y cuando terminó Crespo llegó el espectáculo. Era el turno de Álvaro Pérez y se montó el circo. El Bigotes no se cortó y, no solo dijo que sí que había financiación, sino que el cerebro era Camps y el recaudador el expresidente de Las Cortes, Juan Cotino: "Costa llamó delante de mí a la persona a la que siempre llamaba. Esa persona es Francisco Camps". Sin prisa pero sin pausa siguió cantando la traviata: "Había que hablar con Juan Cotino, que era el que hablaba con determinados empresarios o con Camps, porque el resto eran mandados que me soportaban a mí. Sin orden del Palau no se podía hacer nada".

Algunas de sus frases fueron:

"Sí hubo pagos en B, se hacían de manera repetida".

"Decidían Camps, Cotino y García Antón".

"Los empresarios, aquí no están todos los que son ni son todos los que están; aquí no se les ha preguntados a los empresarios a cambio de qué soltaban la mandanga".

"Francisco Camps fue quién ordenó y creo el sistema de pagos. Él me pedía el trabajo siempre. Ana Michavila (jefa de gabinete de Camps) y Nuria Romeral (jefa de prensa) estaban delante cuando hablaba con él".

"Todos los que daban las órdenes sabían que se pagaba en B y sabían que se llamaba Barcelona".

"Esto es así, no hay otra forma de hacerlo" (presuntas palabras de Camps sobre los pagos vía empresarios)

Al termino de las declaración ya no había nerviosismo sino angustia en el resto de procesados. No había vuelta atrás pues la Fiscalía contaba con las confesiones de los empresarios y de los cabecillas de la trama. La pelota estaba en el tejado de los políticos. Y les llegó el turno. Todos excepto uno decidieron ir a contracorriente de lo que se estaba viviendo hasta ese momento. Ni Rambla ni Serra entraron al trapo de las confesiones, pero hubo uno que sí.

Ni más ni menos que el que el que fuera número dos de Camps y exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, decidió que tenía que confesar, y así lo hizo. Su declaración conmocionó a todo el mundo pues era la primera vez que un primer espada del PP confesaba. Costa quiso dejar claro que, pese a estar en contra del método “jamás lo denunció” y que, por ello, “está dispuesto a asumir todas las consecuencias”.

Explicó que "se pagaba de dos formas, uno la subvención electoral que cada partido recibía y con aportaciones de empresarios que tenían adjudicaciones. Yo me entero de esto en el 2005 y no hice nada por impedirlo, asumo la responsabilidad. Era un sistema preestablecido de antes". Y explicó que "Cristina Ibáñez me dice que el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos le hacía entregas de dinero que ingresaba en diferentes sucursales del banco con límite máximo de 3.000 euros. Nos lo cuenta a Adela Pedrosa y a mí”.

Pero su declaración fue mucho más allá de lo esperado con frases como: "En 2006 Campos me lleva a su despacho y me muestra sobre donde hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino” o “se recogieron 150.000 de Rover Alcisa, 15.000 de Secopsa y 350.000 de Enrique Ortíz con los que se terminó con pagar la deuda con Orange Market”.

Y fue entonces cuando metió a Génova al contar que: "se quería crear una tercera vía de financiación que es la emisión de facturas por parte de Orange Market a empresarios para pagar actos del PPCV. Yo a esa petición que me hace el vicepresidente me niego. Voy a Génova y me reúno con Bárcenas y le cuento la petición del PPCV idea de Camps. Le traslado eso y me contesta “eso es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional y sería un Filesa 2”. Vuelvo y se lo traslado a Víctor Campos, ya no solo mi negativa sino la posición del PP Nacional y le digo que se lo diga a Camps”. Esta declaración fue refrendada días más tarde por el propio Bárcenas en el juicio.

Sus palabras levantaron ampollas. Hasta tal punto que el expresidente Camps, tuvo que salir al paso diciendo que todo era mentira. El propio Camps que acudió como testigo al juicio negó que hubiera financiación irregular y, mucho menos, que lo supiera él. Pero el daño ya estaba hecho y la condena, salvo sorpresa manifiesta, está a punto de caramelo. Tras las declaraciones ha llegado el rosario de testigo y peritos. Será a principios de mayo cuando la fiscal decida si modifica las peticiones de penas para los procesados y, un poco después, cuando el magistrado José María Vázquez Honrubia emita una sentencia que puede suponer un antes y un después para el Partido Popular.

 

Loreto Ochando es periodista de tribunales