18 millones adjudicados de manera directa, sin informar a los medios y sin publicarse en el boletín de la Comunidad. Es el regalo que Castilla y León acaba de hacer a José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, y a Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado por el caso de la Construcción, para que financien su televisión privada RTVCYL. Una cadena con una audiencia tan residual que en la pasada Nochevieja cosechó un 0% de audiencia.
La adjudicación, además, está disponible para anticiparse al 100% en cualquier momento y sin necesidad de que los beneficiarios presenten ningún tipo de garantía. Tendrán que justificarlo en enero de 2019, aunque el consejero de Fomento puede prorrogar este plazo si lo ve necesario. Con esta, la cadena RTVCYL suma ya 180 millones de inyección de dinero público en los últimos 8 años en una comunidad que no cuenta con televisión pública regional.
Para realizar la adjudicación, que va aparte de las inyecciones en forma de publicidad institucional, la Junta de Castilla y León ha recurrido al “interés público” que marca la Ley General de Subvenciones y lo ha justificado con objetivos como “contribuir al fortalecimiento de la identidad de la Comunidad Autónoma” y cubrir “el día de la Comunidad”, “el año jubilar Teresiano” o “el aniversario de la construcción de la catedral de Burgos”, según informa Último Cero.
Además, la adjudicación ha sido lo más opaca posible. Aprobada el pasado jueves, fue ocultada a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León y no se hizo referencia a ella en la nota sobre los temas tratados. Además, no se publicará en el Boletín de Castilla y León porque así se acordó expresamente en la reunión del Gobierno regional.
José Luis Ulibarri es dueño de esta televisión junto a Méndez Pozo, condenado en el caso corrupción. Aunque los dos son considerados unos magnates todopoderosos en la región, Ulibarri es el que más ha traspasado fronteras. Está imputado en el caso Gürtel, en la pieza referida a Boadilla del Monte, pendiente de juicio, y la Fiscalía pide para él siete años de cárcel.
Ulibarri es además el beneficiario de la concesionaria de los autobuses de Ponferrada, que llevan años en un limbo legal mientras él sigue beneficiándose del contrato. Además, es dueño del Diario de León y de varios medios locales. Aunque el más significativo es la Radio televisión, la única que tiene licencia de TDT en una comunidad sin televisión pública.
Desde 2010, la cadena de Ulibarri va encadenando cada año la misma adjudicación, con diferentes cifras, hasta llegar a los 180 millones de inyección pública. Pese a ello, su audiencia es totalmente residual y pocas veces supera el 2% de share. Hasta el punto de que, en la pasada Nochevieja, consiguió un cero técnico, un 0% de audiencia. En términos de medición, nadie en Castilla y León vio unas campanadas regadas con el dinero de sus habitantes.
