No es broma. Ni se trata de una errónea interpretación. No. Hay luz y taquígrafos en la “indignante y bochornosa”, como la cataloga el PSOE, petición de dos altos cargos del Ministerio de Defensa que exigen ahora cobrar la paga extraordinaria de Navidad que ellos mismos, o sus respectivos gobiernos, eliminaron. Aun es más, los tribunales les han dado un auténtico varapalo judicial, por lo que los socialistas piden a la ministra María Dolores de Cospedal el “cese” inmediato del subsecretario de Defensa y ex consejero de Hacienda del Gobierno de Catilla-La Mancha bajo presidencia de la secretaria general del PP (2011-2015), Arturo Romaní, y del subdirector general de Régimen Interior de este Ministerio y anterior secretario general de la Consejería, Eliseo Gómez, por reclamar “un dinero que no les corresponde”.
“Más cara que espalda”
En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, asegura en declaraciones a El Plural que, “ambos han tenido más cara que espalda al reclamar un dinero que no les corresponde y que es de todos los castellano-manchegos”. Para la responsable socialista, es muy grave que “los cerebros de los recortes, los que quitaron la paga extra a los empleados públicos y tanto les hicieron sufrir, hayan pedido algo a lo que no tienen derecho”, para seguidamente indicar que producen “sonrojo e indignación” noticias de este tipo y lamentó que Romaní y Gómez “hayan pasado de recortar con la tijera a poner el cazo con la mano”.
La responsable socialista, además, recuerda los graves recortes que sufrieron los empleados públicos de de Castilla-La Mancha con el gobierno del PP. “Mientras Cospedal cobraba tres sueldos, eliminaba la carrera profesional, les quitaba la paga extra, les recortaba un 3% su salario, les incrementaba la jornada laboral y algún miembro de su gobierno hasta los insultaba llamándoles vagos”, al mismo tiempo que señala que muchas de las decisiones del anterior ejecutivo del PP también provocaron una merma en las arcas públicas por las indemnizaciones millonarias que se tuvieron que pagar por despidos ilegales como el de los interinos de la administración regional.
Varapalo judicial y pago de costas
Indignación más que justificada ya que el hoy subdirector general de Defensa, Eliseo Gómez, incluso reclamó judicialmente esta paga extra y los tribunales no solo no le han dado la razón sino que le han condenado a pagar 1.500 euros en costas, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a la que ha tenido acceso El Plural.
El Tribunal explica en sus Fundamentos de Derecho que, tras la ley de 2012 que suprimió la paga extra, si no hay una norma de semejante rango que ordene su devolución, “no se comprende que se pretenda que el Consejo de Gobierno pueda acordar tal devolución”. Y matiza que “si una ley autonómica suprimió la percepción, otra ley autonómica deberá, en su caso, ordenar su devolución. Desde luego, está más allá del ámbito de este pleito y de los tribunales el ordenar al poder legislativo que tome esa medida”.
Carta al presidente Page
Por su parte, el subsecretario de Defensa y exconsejero de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, aunque no ha acudido a la Justicia, escribió una carta al presidente regional, al socialista Emiliano García-Page, pidiendo el abono de esa paga extra. En la misiva, fechada el 7 de abril de 2016, enviada a Page a través del buzón “El presidente responde”, también en propiedad de este periódico , Romaní recuerda que en 2012 tenía la condición de consejero del Gobierno, y pregunta al presidente autonómico si considera “que los altos cargos de aquél Gobierno no tienen derecho o no deben recuperar nunca esa paga”.
La cara dura del alto cargo de Cospedal llega a tal punto que dice no entender “la exclusión que practica el director general de Función Pública”, y advierte que hay que tener en cuenta “que la paga extra no es privilegio ni prebenda alguna propia de alto cargo, es simple y llanamente salario, como lo es para todos los trabajadores públicos”.
Como no podía ser de otra forma, su sucesor al frente de la Consejería de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, le animaba acudir a los tribunales si no estaba de acuerdo con su negativa a pagarle la extraordinaria, recordándole que el Ejecutivo de García-Page “siempre ha respetado los criterios legales vigentes y nunca se ha basado en criterios políticos” para tomar este tipo de decisiones. El ridículo no ha podido ser mayor.
