La Agrupación Reformista de Policías está decidida a conseguir que las organizaciones sindicales policiales den cuentas de lo que hacen con las subvenciones que reciben por parte del Estado. Por ello, ha remitido una carta al titular de esta cartera, Juan Ignacio Zoido, en la que denuncian la falta de control por parte de las administraciones de a qué se dedica el dinero y solicita que se tomen medidas.
El Ministerio del Interior destina cada año más de 260.000 euros a estas entidades, en función del número de representantes obtenidos en el Consejo de Policía. Una partida va dirigida a ayudas económicas y compensaciones (237.300 euros en el año 2015), y otra a su asistencia a las sesiones de dicho Consejo y de sus comisiones de trabajo (23.220 euros).
Desde APR aseguran que "los funcionarios no tienen acceso a la contabilidad puntual de las organizaciones sindicales" y de que hay una "total opacidad" en lo que respecta a qué se hace con el dinero y si se emplea para los gastos a los que tendría que ir destinado.
Las subvenciones, cuentan representantes de esta agrupación a ELPLURAL.COM, "podrían estar siendo utilizadas para adquirir regalos y comprar votos en jornadas de elecciones y en campañas de captación de afiliados, en una clara competencia desleal con otras organizaciones sindicales que rechazan este tipo de prácticas de dudosa legalidad".
ARP, "que no recibe ningún tipo de apoyo, subvenciones o ayudas externas", aclaran, ya ha llamado la atención en más de una ocasión sobre el modo en que algunos sindicatos buscan asociados, ofreciéndoles desde relojes hasta drones.
En las últimas elecciones al Consejo de Policía, un inspector denunció en el juzgado de instrucción esos obsequios y un sindicato lo hizo ante la Dirección General de Policía.
De llegar a haber una sentencia judicial a este repecto, el Ministerio, destaca ARP en su misiva, "sería corresponsable, y ésta afectaría a la imagen de la policía que, entre sus actividades, tiene un papel destacado en la lucha contra la corrupción".
"Contabilidades B y deudas de miles de euros"
La Agrupación Reformista de Policías va más allá en su denuncia y traslada a Juan Ignacio Zoido que podrían existir "contabilidades B en algún sindicato, deudas de hasta 800.000 euros y que una de las organizacioens, incluso, poddría estar recibiendo dinero de algún sindicato de clase que, a su vez, recibe subvenciones del ministerio de Empleo y Seguridad Social".
Pone de manifesto que, pese a las denuncias presentadas, la Dirección General de Policía sigue sin contar con una normativa fiscalizadora al respecto, por lo que pide que las ayudas recibidas por los sindicatos "estén sometidas al control de las normas conforme establecen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional". En esta última, recuerdan, "se establece la obligación de un Régimen económico de la organización, que permita a los afiliados conocer la situación económica, y que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos".
ARP exige "pulcritud y transparencia", para lo que solicita que "se audite a las organizaciones sindicales del Cuerpo de Policía Nacional y se hagan públicas sus respectivas contabilidades, ingresos y gastos de los últimos cinco años". Del mismo modo, demandan que se propicie una normativa interna en la DGP que obligue a presentar cada mes de enero las cuentas de las organizaciones sindicales que reciban subvenciones de la Secretaría de Estado de la Seguidad o de cualquier adminnistración pública o sindicato de clase, y que se prohíba definitivamente cualquier tipo de regalo o prebenda con uso de dinero público para captar afiliados o votos".
