La ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, más conocida como ley de Desconexión, que ayer presentaron los independentistas en Cataluña, supondrá que los procesos abiertos de la Justicia española contra ciudadanos catalanes pasen a depender de los nuevos órganos judiciales catalanes, cuyos miembros serán nombrados por el Gobierno local. Desde el punto de vista penal, esto podría suponer varios problemas. Desde el punto de vista político, se supone que ninguno, al menos para la Generalitat de ahora, dado que, como el propio Carles Puigdemont ha dicho en alguna ocasión: “Este gobierno no tiene ningún caso de corrupción”.
Sin embargo, esa afirmación está bastante alejada de la realidad. Casos de corrupción y acusados por ellos los hay, otra cosa es que Puigdemont se encargue de esconderlos en rincones oscuros de la burocracia catalana, donde sus imputaciones llamen menos la atención.
Es el caso de Gabriel Borràs Calvo, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de haber dado 38 contratos ilegales a Joan Lluís Quer, un personaje oscuro de la época de Artur Mas. El Ministerio Fiscal -español, claro- imputa a Borràs, junto a otros 12 investigados, los delitos de tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Unos delitos que se habrían cometido cuando Borràs estaba colocado en la Agencia Catalana del Agua (ACA), mientras que ahora se esconde de los focos como responsable del Área de Adaptación en la Oficina Catalana del Cambio Climático.
Jona Lluís Quer ocupó la gerencia de la Agència Catalana l’Aigua (ACA) de la Generalitat hasta el año 2004, pero dejó el cargo para montar una consultar, Auditoría e Ingeniería SA (Auding) que en 2008 se llevó un contrato de 7,6 millones de euros, presuntamente amañado y concedido por la empresa pública que había estado dirigiendo años atrás. Quer acabó recolocado por Artur Mas en el año 2010 en la empresa encargada de las inversiones de la Generalitat, con un presupuesto de 1.200 millones de euros, pero acabó dimitiendo en 2015, cuando la Guardia Civil registró la empresa por la trama del 3%.
Pero antes de estos acontecimientos, están los hechos denunciados por la Fiscalía, señalando que en 2008 la Agencia Catalana del Agua (ACA) simuló un concurso público para dárselo a dos ex altos cargos de la propia empresa: Joan Lluís Quer y Josep Bou Térmes, según OkDiario.
Según la Fiscalía, el concurso era una farsa y estaba concedido de antemano puesto que hasta seis altos funcionarios de la Agencia Catalana del Agua se reunieron antes con responsables de la empresa que se llevaría después el contrato. Y esos seis funcionarios luego formaron la comisión técnica del concurso que tenía que valorar las seis ofertas que se presentaron al concurso. Entre esos seis técnicos estaba Borràs, que entonces era director de Planificación de Uso Sostenible del Agua en ACA. Ahora, dormita, imputado y escondido, como número dos de la oficina del cambio climático de Cataluña.
