El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido que el expresidente madrileño Ignacio González siga en prisión incondicional por su presunta implicación en el caso Lezo.
En un auto conocido este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido mantener en prisión comunicada y sin fianza a Ignacio González, que está en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 21 de abril.
El juez rechaza así la petición del expresidente de la Comunidad de Madrid porque, según explica en el auto, González ha podido tener "un papel decisivo y necesario" en los delitos de malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitale, que se ingestigan en el caso Lezo.
Riesgo de fuga
El juez alega en su auto que esos delitos bastarían para justificar el mantenimiento de la situación carcelaria, a lo que habría que añadir el riesgo de fuga, ya que se trata de "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".
García-Castellón también ha tenido en cuenta para su decisión el riesgo de acceso a las fuentes de pruebas.
Riesgo de fuga
El juez alega en su auto que esos delitos bastarían para justificar el mantenimiento de la situación carcelaria, a lo que habría que añadir el riesgo de fuga, ya que se trata de "una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción, lo que, unido a la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones) patentiza el riesgo de fuga".
García-Castellón también ha tenido en cuenta para su decisión el riesgo de acceso a las fuentes de pruebas.
