La Ley de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia cumple 10 años y ha beneficiado a millones de personas mayores y personas con discapacidad y a sus familias en España. El desarrollo económico y los profundos cambios sociales: envejecimiento de la población, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, la estructura nuclear de la familia, las necesidades de conciliación de la vida familiar y profesional hacían acuciante responder desde las administraciones públicas a la demanda de cuidados de larga duración que requieren las personas mayores y las personas con discapacidad.

El Plan Concertado de Servicios Sociales, puesto en marcha por el gobierno de Felipe González, aportaba recursos a las CCAA y ayuntamientos para la financiación de la ayuda a domicilio, residencias, centros de día… asociaciones de personas con discapacidad, ONG y empresas privadas también desarrollaron redes de servicios… Pero las dificultades de acceso por la falta de plazas o el elevado coste de las mismas excluía a la mayoría de las personas afectadas, la desigualdad, por razones económicas o territoriales era clamorosa; a pesar de estas razones en 2004 la Dependencia no estaba en la Agenda Política, es el PSOE y la determinación del Presidente Zapatero quien lo coloca en la Agenda de Gobierno.

La opción elegida por el gobierno del Presidente Zapatero fue nítidamente socialdemócrata, en línea con los modelos educativo, sanitario y de pensiones, por ello hablamos de la Dependencia como Cuarto Pilar del Estado de Bienestar, apostando por el reconocimiento por Ley de un derecho universal, garantizado y exigible ante las administraciones públicas, y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia. Una Ley de esta envergadura necesitaba detrás un gran acuerdo social, por ello la primera medida fue presentar los grandes objetivos de la misma partiendo de un documento de consenso entre los expertos el llamado LIBRO BLANCO DE LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA que fue presentado en el Parlamento en el año 2005, y que sirvió de base para la Declaración del Diálogo Social que llevaría al Acuerdo por la Dependencia con los Agentes Sociales (UGT, CCOO, CEOE y CEPYME) y con la Plataforma de ONGs en la que se integraban las asociaciones de personas mayores y discapacidad y que tuvo su colofón con el acuerdo politico con las CCAA en la Conferencia Sectorial donde el papel de Andalucía fue crucial.

 El consenso politico era esencial, de ahí que el PSOE buscara y lograra no sólo el apoyo de IU, nacionalistas de izquierdas catalanes y gallegos, sino también del PP que votó a favor, así se evitó la litigiosidad ante el Tribunal Constitucional, que logramos, y garantizar su despliegue, dado que la distribución competencial sitúa la gestión de la Dependencia en las CCAA y en menor medida en Ayuntamientos y Diputaciones.

La Ley de Dependencia no sólo inauguró un modelo de cooperación institucional entre administraciones ampliamente elogiado sino que incorporó a nuestro Estado del Bienestar uno de los sistemas más avanzados de protección social, ya que garantizaba a las personas dependientes un amplio abanico de prestaciones: económicas para el cuidador familiar, prestación vinculada al servicio o cheque-servicio y para el asistente personal, pero también servicios de prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o residencia. Para asegurar una financiación suficiente y estable el gobierno fijaría anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, la financiación básica o nivel mínimo, en el año 2010 fue de 1520 millones de euros, garantizaba la igualdad de todos los dependientes en España, ya que se fija en función del número de personas dependientes atendidas, en los PGE se fija también la financiación del llamado “nivel acordado”, en 2010 fue de 283,2 millones de euros, que tiene en cuenta además del número de personas dependientes, factores correctores como el índice de envejecimiento o discapacidad, dispersión de la población, tipo de servicios que se ofrecen… La AGE también pagaría el alta en la Seguridad Social de los cuidadores familiares, y por último la mejora de la financiación de la Dependencia sefija en el art. 5 Recursos Adicionales que se integran en el Sistema de Fianciación de las CCAA en la Ley 22/2009 de 18 de Diciembre de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que suponía incorporar 4.900 millones de euros adicionales.

El tijeretazo de 2012 a la Ley de Dependencia llevado a cabo por el gobierno del PP, que no la derogó sino que retrasó su aplicación a los dependientes moderados y recortó drásticamente la financiación, afectó lesivamente a nuestro Estado de Bienestar, precisamente cuando más necesario era para afrontar la gravísima crisis económica y social, en línea con los recortes en Educación y Sanidad, los recortes también afectaron a la Dependencia: Retraso en la aplicación del Calendario dejando “de facto” sin protección a los dependientes moderados, reduciendo las prestaciones económicas, incrementando los copagos, excluyendo del alta en la Seguridad Social a los cuidadores familiares y eliminando la financiación del nivel acordado. Los cálculos más conservadores estiman que las administraciones públicas dejaron de financiar más de 4.500 millones de euros en Dependencia, entre 2012 y 2016.

A pesar de las graves medidas adoptadas por el gobierno del PP el Sistema de Dependencia ha mostrado su resiliencia, la crisis y los recortes han sido un test de estrés superado con éxito notable, la sentencia de Rajoy: “la Ley de Dependencia no es sostenible” no sólo no se cumplió sino que ha sido firmemente desmentida: el Sistema de Dependencia ha mostrado claramente sus fortalezas: A) Sostenibilidad, incluso en la situación socioeconómica más adversa los datos son impresionantes: A 31 de octubre de 2016 el nº beneficiarios registrados en el SISAD-Imserso es de 856.452 personas que reciben las siguientes prestaciones: prevención 37.397 beneficiarios, teleasistencia 161.651, ayuda a domicilio 168.888, centros de día/noche 84.873, residencias 151.242, prestación económica vinculada al servicio 88.728, prestación económica para cuidadores familiares 358.685, prestación económica para asistente personal 5412. B) Eficiencia con costes moderados, en los presupuestos generales del estado para 2016 la AGE destina a Dependencia sólo 1252 millones de euros, en comparación al beneficio social, creación de empleo asociado a la dependencia, impacto en el crecimiento económico y en el índice de desarrollo humano, mostrándose la Dependencia como una de las políticas de protección a la familia, de igualdad y de conciliación de la vida personal y profesional más eficientes.

¿Qué hacer urgentemente en Dependencia?  1. Es necesario el blindaje de los derechos sociales en la Constitución, lo que debe incluir la Dependencia, pero también es necesario crear la figura del Defensor del Dependiente para aliviar la angustia e indefensión ante la administración que sufren los ciudadanos cuando no se garantiza adecuadamente el disfrute de sus derechos. 2. Recuperar el alta en la Seguridad Social para los cuidadores familiares, no sólo como reconocimiento y dignificación de su trabajo sino como garantía de que, como cotizantes, recibirán cuando les corresponda una pensión contributiva.3 Aliviar la lista de espera, ya que pasan meses antes de que una persona sea valorada como dependiente y reciba la prestación a la que tiene derecho, en esta situación se encuentran, según el SISAD a 31 de octubre de 2016, 123.136 personas.4. Hacer compatibles algunas prestaciones y reducir los copagos en los servicios de centro de día y residencia, que “de facto” excluye a personas que no pueden afrontarlo y eliminarlo total o parcialmente para las personas más vulnerables en la teleasistencia o ayuda a domicilio.5. Reforzar la financiación