Las elecciones del próximo domingo presentan una novedad tan relevante como preocupante. Además del clásico enfrentamiento ideológico y político entre unas opciones progresistas o de izquierdas y otras opciones de derechas o conservadoras, nos encontramos con una confrontación entre dos formas de nacional-populismo, la de los separatistas o secesionistas catalanes -ERC, JxCat y las CUP-, y las de los ultraespañolistas -PP, Vox y C’s. Digo que se trata de una novedad aunque en puridad no lo sea, porque todas estas formaciones políticas existen desde hace años y se han confrontado en diversos comicios, aunque las CUP se estrenan en unas elecciones generales. Pero de algún modo es una novedad, porque nunca como ahora ambas partes se han presentado tan radicalizadas, con posiciones tan diametralmente opuestas. Tan opuestas que PP, Vox y C’s exigen ahora la ilegalización inmediata de todos los partidos separatistas, en lo que constituye un intento perverso de tergiversación del espíritu y la letra de la Constitución española de 1978, una Constitución que los expertos definen como “no militante” y que, por consiguiente, no solo tolera sino que respeta y protege a las formaciones que proponen y defienden su reforma parcial o total.

Mientras PP, Vox y C’s apuestan por la ilegalización de los separatistas de todo tipo, los secesionistas catalanes siguen defendiendo la vía unilateral a la independencia de Cataluña. Afirman que “lo volverán a hacer”, y con ello alimentan a sus más radicales oponentes. Los dos nacional-populismos se retroalimentan sin cesar, como ya lo hicieron los gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy al menospreciar por completo el reto político planteado por el separatismo catalán, de la misma manera que los secesionistas de ERC, JxCat y las CUP despreciaron la legalidad y la legitimidad de un Estado social y democrático de derecho como es España.

De aquellos polvos vienen estos lodos. En el lodazal actual de la política española, con el conflicto de Cataluña utilizado como arma arrojadiza, las fuerzas progresistas y de izquierdas -y con ellas también lo poco o mucho que pueda quedar de moderación y contención en formaciones como el PNV, CC, NC o el PRC- representan las únicas opciones que siguen defendiendo como máxima prioridad la necesidad urgente del diálogo, como paso previo a toda negociación que pueda conducir a un pacto o acuerdo que nos permita a todos seguir conviviendo en paz, en democracia y con libertad. Los socialistas, con Pedro Sánchez como renovado candidato a la Presidencia del Gobierno, hacen de esta defensa uno de sus principales compromisos, con toda la firmeza en el deber de cumplir y hacer cumplir la legalidad constitucional, y también con la voluntad de dialogar, negociar y acordar soluciones. En posiciones no tan firmes, tanto UP como sus diversas confluencias territoriales -y en especial los “comuns” catalanes con un candidato como Jaume Asens, partidario claro de la secesión- como MP, la nueva formación de Iñigo Errejón, se mantienen en una ambigua voluntad de equidistancia que parece difícil o imposible ya de mantener en las circunstancias actuales.

No solo para las fuerzas progresistas y de izquierdas, sino para el conjunto de los demócratas españoles, sería suicida que las ambigüedades y ansias de equidistancia en una cuestión de Estado como sin duda es el conflicto secesionista catalán acabasen abriendo las puertas del Gobierno de España a un Gobierno del PP presidido por Pablo Casado, se supone que con Santiago Abascal y con Albert Rivera en quién sabe qué ministerio. Sería la gran victoria del nacional-populismo. No solo del ultraespañolista. También del separatista.