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Opinión

Vehículos particulares: ¿qué ocurre con las averías, los desguaces, las indemnizaciones y las ayudas públicas?

Si la destrucción del vehículo se produce como consecuencia de una catástrofe natural y recibimos una ayuda pública o una indemnización del seguro, el tratamiento fiscal cambia

Imagen de archivo con varios coches siniestrados a consecuencia de una inundación en El Álamo (Madrid). (EP)

Imagen de archivo con varios coches siniestrados a consecuencia de una inundación en El Álamo (Madrid). (EP)

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En un artículo anterior abordamos la cuestión de si, al vender un coche entre particulares, puede computarse la pérdida patrimonial sufrida. La conclusión era clara: aunque exista una pérdida real, esta no puede declararse en el IRPF por tratarse de un bien de consumo duradero. ¿Pero qué ocurre con otros supuestos frecuentes como averías, siniestros, desguaces o ayudas públicas tras una catástrofe natural?

La Dirección General de Tributos ha ido despejando estas dudas a través de múltiples consultas vinculantes. En el caso del desguace o achatarramiento de un vehículo —por avería, siniestro o antigüedad—, la doctrina es reiterada: no puede computarse ninguna pérdida patrimonial. El motivo es el mismo: la pérdida de valor es consecuencia del uso, y como tal, se considera “consumo” según el artículo 33.5.b) de la Ley del IRPF.

Algo similar ocurre con los gastos de reparación tras una avería o accidente no cubierto por el seguro. Aunque para el contribuyente pueda suponer un desembolso significativo, la Agencia Tributaria entiende que se trata de un gasto de consumo personal, no de una pérdida patrimonial que pueda deducirse en la declaración.

¿Y si la destrucción del vehículo se produce como consecuencia de una catástrofe natural y recibimos una ayuda pública o una indemnización del seguro? En estos casos, el tratamiento fiscal cambia. Las ayudas concedidas por una administración pública para reparar daños materiales, como en el caso de una inundación, pueden estar exentas de tributación si cumplen los requisitos de la Ley del IRPF. En concreto, si su finalidad es reparar la pérdida de un elemento patrimonial, la ayuda estará exenta hasta el valor de ese daño.

Por su parte, las indemnizaciones de las compañías de seguros sí se consideran alteraciones patrimoniales. Pero solo darán lugar a una ganancia —o una pérdida— si la cantidad recibida difiere del valor real del vehículo en el momento del siniestro. Dicho valor debe calcularse teniendo en cuenta su depreciación por uso. Así, si el seguro paga exactamente lo que valía el coche en ese momento, no hay ganancia ni pérdida que declarar.

De este modo, el principio que subyace en toda la interpretación de la normativa es el mismo: los vehículos particulares, por su naturaleza, se deprecian con el tiempo por el uso, y esta pérdida de valor no puede computarse fiscalmente. Solo en casos excepcionales —por ejemplo, si el coche se vende por un valor superior al de adquisición, algo posible con vehículos clásicos o de colección— se generaría una ganancia patrimonial sujeta a tributación.

La normativa fiscal nos recuerda que no toda pérdida es deducible, y que no todo gasto puede traducirse en un alivio en la declaración

En definitiva, la normativa fiscal nos recuerda que no toda pérdida es deducible, y que no todo gasto puede traducirse en un alivio en la declaración. Para moverse con seguridad por este terreno, contar con el asesoramiento de un profesional es siempre la mejor opción. Los gestores administrativos estamos para resolver estas cuestiones, interpretar la normativa y, sobre todo, proteger al ciudadano frente a errores o falsas expectativas.

Etiquetas Coches

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid desde 2010 y presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España desde febrero de 2015. Además, dentro de dicho ámbito, ocupa el cargo de presidente de SIGA 98 y presidente de la Fundación de Gestores Administrativos.

Su gran apuesta dentro del sector fue la puesta en marcha de la plataforma de tramitación telemática OEGAM que matricula el 98% de los vehículos de la Comunidad de Madrid.

Presidente de su propio despacho en Madrid, Sarot Target Group, especializado en asesoría integral de empresa desde noviembre de 2014. Antes de ello, presidió la sociedad Grupo GOSAN durante 23 años.

Ocupa varios cargos en organizaciones empresariales, como miembro de la Junta Directiva de la patronal madrileña CEIM y de la CEOE, así como Socio Fundador de Madrid Foro Empresarial, y miembro de Unión Profesional y AEDAF. Además es patrono de la Fundación Diversión Solidaria, entidad sin ánimo de lucro, y fundador de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort.

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