En las últimas semanas, los madrileños y sus representantes políticos en al Ayuntamiento de Madrid hemos tenido conocimientos de una presuntas irregularidades cometidas el  Organismo Autónomo Informática de Madrid.

A través de varias noticias publicadas por el diario El País, hemos conocido la existencia de tres contratos realizados por dicho organismo municipal en 2016, que podrían haber dado lugar a la existencia de una contabilidad “B”, generada por la emisión de facturas falsas en trabajos no realizados con cargo a esos contratos. Estamos hablando de una cantidad que ascendería a aproximadamente 720.000€.

De ser cierto lo anterior, estaríamos hablando de un claro caso de fraude y posible malversación de  fondos públicos en nuestro Ayuntamiento, gobernado por Ahora Madrid y cuyo equipo de gobierno dirige  Manuela Carmena.

Todo obedece  a una denuncia anónima, lo que ya de por sí pone de relieve, cuando menos, la falta de pericia de los máximos responsables del organismo autónomo: el gerente, que tiene como una de sus principales responsabilidades la autorización, supervisión y ejecución de la contratación del organismo que dirige, y la Gerente de la Ciudad, su máxima responsable política. Ambos, hacía más de un año que habían asumido esas responsabilidades.

Ante la gravedad de esas irregularidades, cuando no de posibles indicios delictivos, la Gerente de la Ciudad ordenó a la Inspección General de Servicios del Ayuntamiento la realización de un informe, con carácter de reservado, con el fin de conocer el alcance de los hechos descritos. Al tiempo se buscó un chivo expiatorio para presuntamente esconder males mayores.

Desde el primer momento, y en declaraciones recogidas por el diario El País, solicité de Gobierno Municipal “luz y taquígrafos” sobre lo sucedido en ese organismo autónomo municipal, con toda seguridad el más importante y sensible para nuestro Ayuntamiento, por las funciones que realiza.

Con posterioridad hemos conocido que, una vez finalizado el informe de la Inspección, se han puesto en conocimiento del Fiscal Provincial de Madrid los resultados de la investigación, sin duda porque debieron valorar que las presuntas irregularidades podían constituir en realidad posibles hechos delictivos.

Han pasado más de cinco meses desde la aparición de la denuncia y, a día de hoy, los madrileños y sus concejales seguimos sin saber a qué se debe que la Fiscalía de Madrid esté investigando actuaciones en materia de contratación pública por primera vez en este mandato, es decir, a conocer las conclusiones del informe antes referido.

Con todo el respeto que me merece la Gerente de la Ciudad, es increíble que alguien con una dilatada y destacada experiencia profesional en las administraciones públicas, insista en las  últimas reuniones del Consejo Rector del organismo autónomo que ella preside, de que estamos ante un caso de “mala praxis administrativa”. Alguien con sus conocimientos sabe con toda seguridad que de ser así, nunca se hubiera decidido llevar el caso ante la Fiscalía de Madrid. De existir “mala praxis administrativa” el Ayuntamiento se hubiera limitado a incoar los correspondientes expedientes sancionadores a aquellos trabajadores del ente que hubieran incurrido en la misma.

 Los madrileños tenemos derecho a saber que ha pasado en Organismo Informática Municipal de nuestro Ayuntamiento, durante este mandato y antes.  La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula en el artículo 14.1, los límites al derecho de acceso a la información pública: la prevención, investigación y sanción de ilícitos disciplinarios, etc.

Pero en sus apartados 2 y 3 especifica que “La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso” , y “Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran…..”

No sólo se trata de saber quiénes han podido cometer presuntamente delitos, a no ser que ostenten puestos de responsabilidad política en el Ayuntamiento, ¿o es por esto por lo que se ocultan las conclusiones de ese informe? Se trata de TRANSPARENCIA, algo de lo que presume este Equipo de Gobierno un día sí y otro también.

¿Por qué tantos obstáculos para conocer las conclusiones de un informe? ¿cada vez que el Gobierno Municipal considere que hay actuaciones sensibles, delicadas y que ponen sus intereses en riesgos esconderá la verdad a los madrileños y a los concejales de la Corporación mediante el encargo de informes reservados?

El acuerdo que firmé para que Manuela Carmena fuera Alcaldesa de Madrid, recogía un apartado, que entre otras cosas garantizaba a los madrileños un Ayuntamiento transparente y honesto.

¿Piensa cumplir Manuela Carmena como Alcaldesa lo pactado como candidata, o esperará para tomar una decisión a que lo permita un informe reservado?