Este martes 18 de abril la noticia política del día es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que declarar como testigo en el caso Gürtel. Lo hará en calidad de presidente del Partido Popular, dado que lo que se investiga en este caso es la presunta financiación ilegal de su partido. En la Audiencia Nacional se está fiscalizando la primera época del mayor caso de corrupción de España. Es la primera vez que a Rajoy se le reclaman cuentas desde que el caso Gürtel fuera destapado en 2009 y saliese él mismo a la palestra a denunciar que “no es una trama del PP, es una trama contra el PP”.
El tribunal tomó la decisión por dos votos a uno. Un tribunal que, hasta ahora, se ha mostrado bastante dividido sobre qué hacer con Mariano Rajoy. La Sala está presidida por Ángel Hurtado y compuesta por José Ricardo de Prada y Julio de Diego y, en febrero de 2016, rechazaron pedir la comparecencia de Rajoy, tras una fuerte división entre los dos últimos magistrados, que se zanjó con un auto que dejaba abierta la puerta a una futura citación. La misma decisión se tomó en octubre, pero ahora ADADE ha insistido con un escrito que adelantó ELPLURAL.COM y que está cargado de razones para que Rajoy dé explicaciones.
Puede evitar 'el paseillo'
Rajoy tiene que declarar de forma presencial (no puede hacerlo por escrito), pero como Presidente del Gobierno tiene el privilegio de evitar pisar la Audiencia Nacional. Tiene dos posibilidades, por videoconferencia -cómo hizo Bárcenas en la demanda que le puso Cospedal- o en uno de sus despachos, el de La Moncloa o el de la sede del PP, a donde se tendrían que trasladar los jueces y los abogados de las partes. Lo que señalan fuentes del PP es que evitará por todos los medios la imagen del 'paseíllo' de todo un presidente del Gobierno entrando en la Audiencia Nacional.
Lo noticioso hubiera sido que el tribunal decidiera no citar a Rajoy, porque dicha negativa contrastaría con el trato que otros dirigentes de idéntico nivel han recibido en España. Y porque habría confirmado que el actual presidente del Gobierno vive protegido de la Justicia en una “urna de cristal”, como denunció la acusación popular que ha reclamado que se interrogue a Rajoy.
Casos de presidentes de Ejecutivo que han declarado hay varios, aunque con el estigma de estar imputados. Francisco Camps declarando en Valencia por la Gürtel, Ignacio González declarando en Estepona por el caso Ático o recientemente Pedro Antonio Sánchez, en Murcia, por el caso Auditorio.
Como presidentes de partido, hay casos que tampoco pronostican lo mejor para Mariano Rajoy. En 2013, Esperanza Aguirre ya no era presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí del PP regional, y tuvo que declarar como testigo ante el juez Pablo Ruz por las adjudicaciones de su gobierno a la Gürtel. Y hasta el mismísimo José María Aznar, en 1991, como presidente del PP, fue citado a declarar ante la Audiencia Provincial de Burgos, con motivo del caso de la Construcción.
Hay que recordar que tanto Aznar como Aguirre se acogieron a su derecho a declarar por carta, algo que se les permite por ser aforados, aunque no podrían mentir, bajo riesgo de ser acusados de perjurio. Y, en el caso de Rajoy, las preguntas de la acusación popular tendrían que ser antes aceptadas por el tribunal.
La pieza que ahora se juzga es la relativa al lapso entre 1999 y 2005. En aquella época, Rajoy fue en el PP vicesecretario general, secretario general y presidente del Partido Popular. Además de director de las campañas electorales de 1995, 1996 y 2000, que podrían haber sido financiadas ilegalmente.
Y el tribunal ha citado a declarar a Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes por haber sido secretarios generales. A Jaime Mayor Oreja por haber sido vicesecretario y a Rodrigo Rato también por haber sido vicesecretario y estar al tanto de cómo se financiaban las campañas electorales de esos años.
Con todos estos mimbres y coincidencias, no debería suponer ningún trauma democrático que Mariano Rajoy fuese llamado a declarar para dar explicaciones sobre qué pasaba en el partido que lleva supervisando casi 30 años. Sería lo normal, lo lógico. La noticia sería que decidieran mantenerle en una “urna de cristal”.
