La gestión eficiente de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua debería quedar a salvo del regate político, de las estrategias que se están llevando a cabo por los diferentes partidos para alcanzar los pactos y acuerdos de gobierno en los ayuntamientos que se constituirán este sábado 15 junio.

Es mucho lo que hay en juego. Nada más y nada menos que el derecho humano al agua potable y de saneamiento. Como ya hemos reseñado aquí en anteriores ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su declaración del acceso al agua potable y de saneamiento como un derecho humano, exige a los gobiernos que su suministro sea “seguro, saludable, accesible y asequible para todos”.  Y esa obligación no puede verse sometida a ningún otro interés que el de darle cumplimiento.

El servicio municipal de aguas debe quedar al margen del oportunismo político, del populismo y la demagogia. Un servicio que debe basarse en el conocimiento compartido, el perfecto conocimiento de la gestión en base a la experiencia, la aplicación de las mejores tecnologías para evitar el riesgo, la capacidad de innovación, la colaboración y el trabajo en red.

En este tiempo de alianzas naturales y de oportunismos contra natura para alcanzar los ayuntamientos, hay un ámbito de la gobernanza que debe quedar al margen de los pactos: el que debe garantizar el acceso de todos al agua mediante una gestión eficiente y medioambientalmente responsable.

Nadie puede poner en duda la titularidad pública del recurso: el agua es de todos. Pero tampoco nadie puede ni debe dejar de exigir la máxima eficacia en el servicio, pues nos enfrentamos a nuevos e importantes riesgos.

Si atendemos a los informes de los expertos que estudian la evolución del cambio climático y sus efectos, nuestros pueblos y ciudades van a enfrentarse en los próximos años a situaciones de riesgo por sequía que resultarán cada vez más implacables. El área del Mediterráneo va a sufrir sequías cada vez más severas y recurrentes, por lo que el abastecimiento seguro de agua potable va a convertirse en uno de los mayores desafíos para los ayuntamientos en los próximos años.

Ante ese reto es necesario poner en marcha nuevas estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema de aprovisionamiento de nuestros municipios. Y una de las más urgentes es la de colaborar juntos para afrontar algo que hoy en día damos por sentado pero que en los próximos años puede convertirse en el mayor reto para los responsables de los gobiernos locales: garantizar el acceso cómodo y seguro de todos al agua potable y de saneamiento.

Hay que fortalecer las estrategias de ahorro y eficiencia en el uso del agua tanto a escala industrial y de servicios, como por parte de los ciudadanos. Ante la crisis climática que estamos viviendo, es necesario entender la reutilización del agua de depuradora como una opción real para eludir el riesgo, especialmente si tenemos en cuenta que en los próximos años la situación se hará cada vez más compleja como consecuencia del aumento de la población urbana.

El éxito en la gestión del ciclo integral del agua requiere una gobernanza responsable: responsable con el medio ambiente y con el derecho de todos los ciudadanos al agua. Algo que debería contar con la voluntad y la colaboración de todos y que debería quedar al margen de los pactos.