Si plantamos naranjos en el Lago Balatón, por decisión del Partido, se agostarán, pese a ella, porque el clima no es suficientemente templado. La primera de las exigencias de una política para cumplirse a sí misma, en mayor o menor grado, es ajustarse a la realidad.
La existencia de un conflicto político con la articulación territorial de Cataluña y el País Vasco es un problema no de hoy, sino desde el mismo comienzo de la configuración constitucional de España. Esta constatación forma parte de la realidad, sin necesidad de recurrir a pasados míticos y fanfarrias patrióticas de uno u otro lado.
Forma parte de la realidad que, aunque la Constitución formal (esto es, como norma) está vigente en Cataluña y en el País Vasco, desde el punto de vista material, su regulación del autogobierno no goza de un mínimo consenso para una parte importante de sus poblaciones, si bien sí, para otra también importante. Estas crisis de consenso son crisis constitucionales; y bien se hará en admitirlo por todos, insertándose en la realidad. La principal negacionista de esta, aunque no la única, es la derecha estatal española, sin otro proyecto que el ejercicio de eventuales medidas excepcionales y a lo mucho el favorecimiento económico bajo cuerda, con burdo plan de palo y zanahoria,
No menos parte de la realidad es que la Constitución formal no permite soluciones a estos problemas apartándose de sus procedimientos. Los principales negacionistas ahora son los partidos independentistas. El desdichado episodio de la aplicación del artículo 155, les debería servir para saber que el Estado español jamás consentirá decisiones unilaterales, pues supondría negarse a sí mismo Resulta un tanto patética la afirmación de un líder independentista que no esperaban una respuesta dura del Estado
Una lectura realista de la Constitución debería bastar a los independentistas catalanes para saber que un referéndum decisorio de autodeterminación es jurídicamente imposible, y su mera convocatoria supondría para el Estado la renuncia a su soberanía. La Constitución no permite un referéndum de autodeterminación sin involucrar a todo el pueblo español, titular de dicha soberanía sobre todo el territorio del Estado-.Si permite la Constitución un referéndum consultivo, circunscrito a un dado territorio.
Una segunda derivada de la aceptación de la realidad, y precisamente porque el problema constitucional materialmente existe, no solo permite, sino que necesita de mecanismos de descriminalización de la clase política independentista. No puede haber interlocutor de ninguna negociación, amenazado por la cárcel.
Conviene no vivir de ideas míticas sobre el principio de igualdad, sin distinguir en su aplicación en el ámbito territorial y el de los derechos y deberes de los ciudadanos. De la Constitución se deduce que el diseño constitucional originario era y es asimétrico desde el punto de vista territorial: baste recordar el régimen de las nacionalidades históricas (incluida Andalucía), el reconocimiento de “derechos históricos” de las Disposiciones Adicionales, y el artículo 150.2, que autoriza a trasferir a las singulares Comunidades Autónomas competencias de titularidad estatal.
El principio de asimetría territorial era y es legítimo si se garantizan las condiciones básicas de la igualdad de condiciones básicas de derechos y deberes de los ciudadanos. La pieza de cierre esencial no es la generalización del esquema autonómico, sino la observancia del 149.1., 1º, donde está la esencia de la igualdad ciudadana con independencia de la pertenencia territorial. Pieza fundamental para ello es un sistema de financiación de las Comunidades Autónomas gobernado de raíz por el principio de igualdad. Tal sistema no ha existido nunca en la Constitución, salvo las indicaciones generales de los artículos 156 y 157.
En suma, la realidad llama al reconocimiento de la asimetría constitucional y de la existencia del conflicto, y por consiguiente a dar los pasos de la amnistía, el referéndum consultivo, y un nuevo sistema de financiación autonómico que garantice la igualdad de los ciudadanos con independencia de los territorios, y todo ello en el horizonte de una reforma constitucional global. Creo que de estos puntos habrá que seguir hablando.
