La amnistía a los independentistas tendrá que esperar un poco más por imposición de Junts. El partido de Carles Puigdemont no tuvo reparo en votar con PP y Vox contra una ley considerada la piedra angular del pacto parlamentario que asegura la mayoría al gobierno de Pedro Sánchez. No puede considerarse una sorpresa. Desde hace días, los prescriptores soberanistas que no comulgan ni con ERC ni con el gobierno de la Generalitat venían llamando a votar en contra de una amnistía que no contemplara las causas abiertas por terrorismo. El PSOE mantuvo por una vez su línea roja y el dictamen deberá regresar a la Comisión de Justicia para ofrecer un nuevo maratón de negociaciones, ante la alegría de la derecha que ve como se amplía la oportunidad de desgastar a los socialistas a partir de sus propias contradicciones de pasado y presente sobre la amnistía, y todo gracias a sus propios socios.

El frenazo a la amnistía propinado por Junts es un nuevo aviso para navegantes, no tanto para ERC, que ya sabe cómo funciona Junts, sino para los que navegan a bordo del buque del PSOE. Pedro Sánchez y su negociador jefe, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya deben haber tomado nota de que a Junts y a ERC les importa muy poco el futuro del gobierno progresista de España y mucho menos la estabilidad del estado, al que confunden interesadamente con el puñado de jueces y funcionarios de las alcantarillas policiales que empañan el estado de derecho.

La aversión personalista, el rencor político y la competencia ciega existentes entre ERC y Junts por liderar el independentismo pueden acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Sin que ninguno de los artífices vaya a pestañear. En algún momento, las fuerzas progresistas españolas deberán tomar en consideración un hecho histórico muy singular. El Procés no fracasó por la actuación nefasta de la Policía Nacional, ni por la aplicación tardía del artículo 155 ni por las iniciativas judiciales de carácter creativo como pueden creer en el PP y en Vox; el Procés entró en barrena en el momento en el que Junts pel Sí (ERC, CDC, ANC, Òmnium) explosionó por las desavenencias radicales e insuperables entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en aquel momento presidente y vicepresidente de la Generalitat, respectivamente.

Las relaciones entre ERC y Junts, y entre Junqueras y Puigdemont, han empeorado manifiestamente desde 2017.  La imagen de Oriol Junqueras en la tribuna de invitados del Congreso, esperando la aprobación de la ley de amnistía, mientras que Carles Puigdemont seguía los acontecimientos desde Waterloo, es un retrato realista de la distancia entre ellos. Los discursos de los portavoces de los dos grupos independentistas en el pleno frustrado de la amnistía confirmaron sus diferencias; evidenciando la incomodidad de ERC por quedarse solo al lado de los socialistas y la satisfacción de Junts de poderse alejar de ERC. Los dos partidos solo tienen en mente la política catalana, su interés por la española es transitorio y se esfumará en cuanto comprueben que se han agotado las concesiones. Y en la política catalana, y en especial para el conjunto del independentismo (incluso para los sectores que ya se han alejado de ERC y Junts) es transcendente saber cuál de los dos partidos obtiene una mayor cobertura del perdón por todos los actos del Procés.

ERC y Junts están de acuerdo en muy pocas cosas. Una de ellas, según quedó claro en el debate parlamentario, es en el sentido de la eventual ley de amnistía. Para el PSOE, el PSC y Sumar, la ley es una apuesta por la normalización de la política catalana, para favorecer el reencuentro social y para encauzar el diálogo sobre el conflicto catalán hacia formulas constitucionales. Tanto para ERC como para Junts, la amnistía no es una estación de llegada, sino el punto de partida para volver a enfrentarse al “estado prevaricador” con “toda nuestra gente” libre de inhabilitaciones, cargas económicas o causas judiciales pendientes. Lo que está en juego es saber quién liderará el remake. La competencia para ganar posiciones en el campo independentistas es tanta que Junts incluso está dispuesta a poner en peligro la amnistía para más de 1500 interesados de no poder asegurar que Puigdemont será uno de ellos.