El PP impide que el Parlamento andaluz debata sobre la situación crítica de la sanidad

Más de dos mil mujeres andaluzas viven en un sinvivir por saber si tienen o no cáncer. Mujeres que deberían haber sido diagnosticadas hace meses y que hoy siguen esperando una llamada, una cita, una prueba. Mientras tanto, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, decide que no hay motivo para un debate sobre sanidad porque “no se da una situación excepcional”. Como si retrasar diagnósticos oncológicos no fuera grave. Como si poner en riesgo la vida de miles de mujeres no mereciera, al menos, una sesión de reflexión en la Cámara andaluza.

La frase, de una frialdad y deshumanización que estremece, sintetiza la actitud del PP en Andalucía ante el deterioro de la sanidad pública: negar la realidad, banalizar la gravedad y bloquear cualquier intento de rendición de cuentas. Los grupos parlamentarios llevan más de dos años reclamando un pleno monográfico sobre sanidad.

Desde abril de 2023, el PSOE-A y Por Andalucía lo han solicitado de forma reiterada, con el respaldo de Mareas Blancas y de los principales sindicatos sanitarios. Pero, una y otra vez, el rodillo parlamentario de Moreno Bonilla ha impuesto su veto. Lo último: escudarse en que “no hay nada extraordinario que tratar”. Con ello demuestra que la salud de la ciudadanía, para ellos, no es una prioridad.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha sido tajante al denunciar la situación. Afirma que Andalucía sufre la peor crisis sanitaria de España, con la lista de espera y la tasa de mortalidad más altas del país, y advierte que hay personas que están muriendo sin diagnóstico ni tratamiento como consecuencia directa del abandono del sistema público. “Esto no es una casualidad —afirmó—, es el resultado de años saqueando la sanidad pública y de un modelo que favorece el negocio privado a costa del sufrimiento de la gente”. Férriz critica que, mientras se niega un debate parlamentario sobre la sanidad, la Junta sigue desviando recursos a la privada, y denunció un caso alarmante: más de 19.000 pruebas radiológicas sin informar acumuladas durante dos años en un solo hospital público. “¿Cuántas vidas se ponen en riesgo cada día por esta dejadez?”, se preguntó.

En abril de 2024, desde el PSOE se volvió a preguntar en el pleno del Parlamento si el Gobierno de Moreno Bonilla seguía considerando que no había razones para un debate específico sobre sanidad. La respuesta fue el mismo muro: el PP volvió a decir no.

Mientras tanto, las listas de espera crecen exponencialmente, los centros de salud se vacían de médicos, y los hospitales públicos derivan pacientes a clínicas privadas con dinero público. Lo que no es “excepcional” para Aguirre, lo es para miles de familias andaluzas que ven cómo su sistema sanitario se desangra lentamente.

En septiembre, más de 50.000 firmas recogidas por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas lograron forzar un debate sobre la sanidad pública en Andalucía. La iniciativa, registrada como Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ha contado con el respaldo de CCOO, UGT, Satse, CSIF y de los grupos PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En apenas seis meses, se reunieron casi 60.000 firmas, de las cuales más de 57.000 fueron validadas por la Junta Electoral. Detrás de cada firma, una historia: profesionales sanitarios agotados, pacientes que esperan meses para una cita, familiares desesperados ante un sistema que se resquebraja.

El portavoz de Mareas Blancas, Antonio Vergara, lo explicó con claridad: “Sabemos que la iniciativa probablemente no se aprobará, porque el Parlamento tiene mayoría del PP. Pero el esfuerzo ha merecido la pena. Ha habido auténticas concentraciones de personas firmando, gente que quiere defender su sanidad pública”.

El reglamento del Parlamento establece que, una vez presentada una ILP, la Cámara tiene dos meses para celebrar el pleno donde se defenderá la iniciativa. Será un momento clave, pero mientras tanto habrá que seguir esperando.

Andalucía es la comunidad donde más ha crecido la privatización sanitaria desde 2019, y donde más se han disparado las listas de espera. Son más de dos millones de personas las que aguardan una consulta o una intervención quirúrgica. Y todo ello en una comunidad que presume de superávit presupuestario.

El PSOE-A lo ha denunciado con insistencia: el veto del PP a debatir sobre sanidad no solo es un desprecio a la oposición, sino una falta de respeto a los andaluces. No se trata de una polémica política más: hay vidas en juego. La asociación Amama ha denunciado que ya se están conociendo casos de mujeres fallecidas por los retrasos en las pruebas complementarias del programa de detección precoz del cáncer de mama.

Su presidenta, Ángela Claverol, ha explicado que muchas pacientes han esperado más de un año para recibir un diagnóstico definitivo tras una mamografía con resultados dudosos. “No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes. Las quejas son contra la Administración”.

Además de Amama, el Defensor del Paciente y la organización Izquierda Unida han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado por los “errores graves” en el programa, señalando a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta: Rocío Hernández, Catalina García y el propio Jesús Aguirre.

Los grupos PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado conjuntamente en el Parlamento andaluz una solicitud formal para crear una Comisión de Investigación sobre la gestión del programa de detección precoz del cáncer de mama en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Los partidos justifican su solicitud ante la “alarma social” generada por los fallos del sistema de cribado, que han dejado sin seguimiento a mujeres con mamografías inconcluyentes, poniendo en riesgo su salud y su vida, denuncian. Lo hacen cuando se ha negado de nuevo un debate en la cámara sobre el asunto.

Y, pese a todo, Aguirre insiste: no hay nada excepcional. ¿De verdad no es excepcional que la Fiscalía investigue al Gobierno andaluz por poner en riesgo la vida de mujeres? ¿No lo es que haya denuncias colectivas, asociaciones indignadas y profesionales exhaustos? ¿Qué más tiene que pasar para que se considere una situación extraordinaria?

Lo verdaderamente excepcional es que un Parlamento elegido por el pueblo ignore durante dos años la voz de ese mismo pueblo. Lo excepcional es que se niegue un debate mientras se acumulan denuncias, investigaciones y muertes evitables. Y lo más excepcional de todo: que se gobierne de espaldas a los profesionales sanitarios, que piden auxilio ante una carga asistencial insoportable.

La sanidad pública andaluza no necesita discursos en falsete, necesita voluntad política. Necesita presupuestos suficientes, gestión transparente y una administración que no la utilice como campo de negocio. Por eso, más allá de los vetos y los formalismos, la ciudadanía ha dicho basta. Y aunque el PP siga mirando hacia otro lado, la ola blanca vuelve a levantarse.