No volvemos al 36, pero sí a los tiempos de la censura, al menos en la Universidad de Sevilla, donde la decana de la Facultad de Geografía e Historia, María Antonia Carmona Ruíz, no ha permitido la mesa redonda El reciclaje de metales como alternativa prevista para el jueves, 20 de octubre de 2022, a las once la mañana, en la sala Diego Angulo del citado centro.

El medio centenar de asistentes al acto tuvo que celebrarlo en la calle delante de la fachada del Rectorado de la Universidad Hispalense. La cesión del aula le había sido autorizada al profesor Félix Talego, del Departamento de Antropología Social de la facultad, el 26 de septiembre, pero le fue denegada posteriormente con un correo electrónico el domingo 16 de octubre. La prohibición del evento, crítico con el extractivismo minero y planteado como actividad alternativa al salón Internacional de la Minería celebrado en Fibes la semana pasada, contrasta con el saludo de la decana en su página web: “Queremos que la Facultad, comprometida con la generación y transmisión de conocimiento a la sociedad, [...] sea un centro donde apostamos decididamente por facilitar la colaboración y fomentar el espíritu crítico.” 

No es sólo la libertad de cátedra del profesor Talego Vázquez la que se ha vulnerado, como ha denunciado él mismo, también la libertad de expresión y de pensamiento de un grupo de de ciudadanos y ciudadanas que querían debatir en un espacio público académico las opciones de la economía circular y el reciclaje para evitar la apertura de nuevas minas que tienen un impacto notable en el medio ambiente.

Por otra parte, la actividad que ha suscitado la polémica suspensión coincide casi con los 25 años de la rotura de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, un desastre ecológico por el que todavía la Junta de Andalucía no ha logrado cobrar un solo euro de los 80 millones que reclama en los tribunales a la multinacional Boliden desde entonces.

La impunidad de la minera sueca en la catástrofe de Aznalcóllar es uno de los ejemplos que se esgrimen por las organizaciones ecologistas para señalar que “todas las minas contaminan” y que cuando causan un destrozo no siempre pagan las correspondientes indemnizaciones.