Juan Manuel Moreno Bonilla llegó al poder hace casi siete años con una promesa clara: acabar con las aulas prefabricadas —también conocidas como barracones o caracolas— en los colegios andaluces. Se presentó como el candidato de la dignificación educativa, dispuesto a erradicar la precariedad en las escuelas y garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en 2025, la realidad dista mucho de aquella promesa: miles de alumnos y alumnas siguen recibiendo clases en condiciones indignas, dentro de barracones, mientras la Junta de Andalucía guarda silencio y ni siquiera publica datos oficiales. Prometió eliminarlos, pero mintió.
Lo más grave es que no puede escudarse en la falta de recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más financiación a Andalucía que nunca: 54.000 millones de euros, un 47% más que lo que transfería Mariano Rajoy cuando el PP estaba en La Moncloa. Es decir, el dinero ha estado disponible. La pregunta es inevitable: ¿dónde ha ido a parar esa financiación extra que debería haberse traducido en más escuelas, más institutos y menos barracones? Lo cierto es que en la educación pública no se ha notado. Moreno Bonilla no ha encontrado ni un euro para acabar con una situación que avergüenza a toda la comunidad.
La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, lo ha explicado con claridad: el problema no es la falta de dinero, sino la falta de voluntad. La Junta ha dejado sin ejecutar cientos de millones del presupuesto educativo aprobado por el Parlamento andaluz, solo el año pasado fueron 236 millones sin invertir. Fondos destinados a nuevas infraestructuras y ampliaciones de centros educativos se han congelado o devuelto, mientras miles de niños siguen en barracones. Una gestión ineficaz o deliberadamente negligente, que desmonta el argumento de las restricciones financieras y confirma que la educación pública no es una prioridad para Moreno Bonilla.
¿Cuántas aulas prefabricadas hay hoy en Andalucía? No lo sabemos con certeza. La Junta se niega a ofrecer una cifra clara, y mientras tanto las denuncias se acumulan municipio a municipio. Lo que sí sabemos es que miles de estudiantes, en pleno siglo XXI, siguen estudiando en módulos metálicos, sin espacios deportivos, sin aislamiento térmico ni acústico. En verano, estos espacios se convierten en hornos; en invierno, en lugares húmedos y fríos. Casi siempre carecen de patios propios, zonas deportivas o espacios adecuados para actividades complementarias, lo que agrava aún más la calidad educativa. Lo que nació como una solución provisional se ha convertido en algo permanente. La falta de transparencia es tan evidente como la falta de voluntad política.
En Málaga, la provincia más afectada, el problema ha alcanzado niveles alarmantes. El alcalde de Cártama denunció hace apenas unos días que en su municipio hay casi 30 aulas prefabricadas donde estudian unos 700 alumnos. Allí, el colegio Los Remedios fue trasladado hace cuatro años debido al mal estado del edificio original, pero la solución temporal se ha convertido en permanente. “Moreno Bonilla tiene que comprometerse con la educación pública. Esto no es solo una desatención, es un plan deliberado para socavarla y favorecer a la privada”, denunció el propio regidor.
Y no es solo Cártama. En Mijas, otros 700 estudiantes tendrán que cursar el próximo año en aulas prefabricadas. Son 28 módulos repartidos entre varios colegios e institutos. En Estepona, 200 escolares comenzaron el curso en estructuras de chapa.
En Benahavís, municipio símbolo de riqueza, los niños estudian en condiciones impropias: 200 menores en barracones, 500 en un colegio saturado con solo 130 plazas, sin patio y teniendo que cruzar un parque para poder jugar. Allí, el alcalde del PP y Moreno Bonilla prometieron hace tres años un nuevo centro educativo con una inversión millonaria e incluso difundieron imágenes del futuro proyecto. Hoy no hay colegio, no hay instituto, no hay obras. Solo propaganda y mentiras. Demasiadas mentiras.
La denuncia es clara: Moreno Bonilla no solo incumple sus compromisos, sino que convierte lo temporal en permanente. Las aulas prefabricadas ya no son un parche de urgencia, son una estrategia para evitar invertir en educación pública. Mientras tanto, la educación privada no deja de crecer.
En Almería, la situación es escandalosa. Este curso, 4.000 estudiantes comenzaron las clases en 130 aulas prefabricadas. Más que en 2018, a pesar de las promesas del PP. En 36 municipios de la provincia, la educación pública se imparte en barracones. El Colegio Rural San Miguel, en San Juan de los Terreros, es un ejemplo paradigmático: año tras año se anuncia una ampliación que nunca llega. El portavoz socialista en la Diputación lo resumía con contundencia: “Moreno Bonilla no ha puesto ni un ladrillo”.
En Cádiz, la situación ha llevado a las familias de un colegio en Jimena a convocar hasta una huelga indefinida. La solución propuesta por la Junta fue tan ridícula como insultante: dividir el salón de usos múltiples con un tabique de madera por 12.000 euros. Sin garantías de seguridad, ni calidad, ni seriedad. El PSOE ha pedido la dimisión del delegado de Educación por lo que considera un “engaño intolerable”.
En Sevilla, el IES Castillo de Luna, en La Puebla de Cazalla, lleva siete años en barracones. Las familias, el profesorado y el Ayuntamiento han protestado en reiteradas ocasiones. Incluso ofrecieron un terreno nuevo a la Junta para agilizar el proyecto. A día de hoy, ni siquiera está redactado el nuevo instituto. La respuesta oficial es que “está sujeto a disponibilidad presupuestaria”. En otras palabras: no hay intención real de construirlo.
Todo esto no responde a errores puntuales, sino a un patrón muy claro. Moreno Bonilla no cree en la educación pública y actúa en consecuencia. Lo hemos visto también en el ámbito universitario, donde se promueve la expansión de centros privados mientras se abandona la Universidad de Málaga. Lo vemos en la sanidad, con un aumento de conciertos con clínicas privadas mientras los hospitales públicos se saturan. Y lo vemos, con especial crudeza, en la educación infantil y primaria, donde los barracones se han convertido en el símbolo del abandono.
El objetivo es evidente: deteriorar lo público para justificar lo privado. Si los colegios públicos no cuentan con aulas dignas, patios ni instalaciones adecuadas, muchas familias con recursos se verán obligadas a recurrir a la enseñanza privada.
Siete años después, el balance es demoledor: multitud de barracones, miles de alumnos andaluces en aulas prefabricadas y más engaños. Y todo ello, con más recursos que nunca gracias al Gobierno central. Moreno Bonilla no ha invertido en la educación pública porque no cree en ella. Prefiere el negocio privado a la igualdad de oportunidades. La pregunta final es inevitable: ¿de verdad merece un gobierno así seguir al frente de Andalucía?
