Hay una pregunta que muchos votantes de derechas en España deberían hacerse con honestidad: si admiran el modelo de Javier Milei, ¿estarían dispuestos a vivir como millones de argentinos hoy? Porque ese es el referente que elogian Abascal e Ayuso cuando celebran sus recortes y su “liberalismo sin complejos”.
¿Cuál es el programa político que se está aplicando en Argentina? Reducción del Estado, recortes en políticas sociales, pensiones más bajas y cambios laborales que debilitan los derechos de los trabajadores. Argentina se ha convertido en un laboratorio de estas políticas, y sus efectos ya se ven en los datos sociales.
Uno de los indicadores más preocupantes es el de la infancia. En el último año han coincidido recortes en salud pública, paralización de programas y menos recursos sanitarios con un aumento de la pobreza infantil y un repunte importante de la mortalidad infantil. La tasa alcanzó en 2024 las 8,5 muertes por cada mil nacidos vivos, un 6,25% más que el año anterior.
Detrás de ese dato hay una realidad más dura: menos controles prenatales, menos atención primaria y menos recursos en los barrios más necesitados. Cuando el Estado reduce su presencia en las zonas más vulnerables, el impacto afecta primero a quienes menos tienen.
Si trasladáramos esa situación a España, equivaldría a recortar miles de millones en sanidad y dejar a comunidades sin suficientes pediatras, con seguimiento prenatal limitado y poca cobertura en barrios vulnerables. Esto es lo que ocurre hoy en Argentina.
El Gobierno de Milei ha defendido que el superávit fiscal es el centro de su política económica. Para lograrlo aplica un ajuste fuerte en partidas sociales. Cuando los recortes afectan a sanidad, infancia o protección social, el impacto se traduce en familias que pierden servicios esenciales.
El segundo gran frente es el de las pensiones. El Ejecutivo de Milei vetó una ley que establecía una subida mínima para jubilaciones, eliminó la moratoria que permitía jubilarse a quienes no tenían todos los años de cotización exigidos y congeló prestaciones en un contexto de alta inflación, provocando una pérdida rápida de poder adquisitivo.
Las cifras muestran la magnitud del problema. La jubilación mínima más el bono es de unos 350 euros al mes al cambio actual. Mientras tanto, la canasta básica de un jubilado —lo necesario para alimentación, vivienda y servicios esenciales— supera los 1.000 euros mensuales.
En otras palabras: los ingresos de muchos pensionistas argentinos cubren solo un tercio de sus necesidades básicas. Imaginemos ese escenario en España: una pensión mínima de 350 euros frente a un coste de vida de 1.000. Millones de mayores no podrían pagar alquiler, suministros, medicamentos ni comida básica. Esa es la situación de muchos jubilados argentinos.
A esto se suma el encarecimiento constante de productos esenciales y el acceso limitado a ciertos medicamentos. Las protestas semanales de jubilados frente al Congreso reflejan un malestar creciente. Es un conflicto entre quienes han trabajado toda su vida y un Gobierno que considera los ajustes prioritarios.
La respuesta oficial incluyó acuerdos con bancos para ofrecer descuentos en supermercados mediante tarjetas específicas. Pero estos programas excluyen productos básicos como la carne y, en la práctica, benefician más a los bancos que a los propios pensionistas. Algo que antes era habitual en la dieta de muchos argentinos ahora se ha convertido en un lujo.
El tercer eje de este modelo es la reforma laboral. Milei impulsa cambios que cambian de manera importante el equilibrio entre empresa y trabajador. Se amplían los márgenes para organizar jornadas de hasta 12 horas con sistemas de tiempo flexible. También se reducen indemnizaciones por despido, se facilitan desvinculaciones y se modifican reglas de negociación colectiva.
Uno de los puntos más polémicos es la limitación del derecho a huelga en sectores ampliados como “esenciales”, lo que reduce la capacidad de paralización. Además, se introducen bancos de horas que permiten compensar jornadas largas sin pagar horas extra, debilitando una garantía histórica del trabajador.
Si trasladáramos esto a España, hablaríamos de un mercado laboral donde es más barato despedir, la jornada puede llegar a 12 horas y la capacidad de presión sindical disminuye. Es un modelo que traslada riesgos al trabajador y refuerza la posición del empleador. Las normas importan. Las decisiones políticas afectan salarios, estabilidad y condiciones de vida.
Por eso llama la atención que Abascal elogie a Milei o que Ayuso lo presente como un ejemplo de valentía política. No es solo afinidad ideológica: es una referencia política concreta con efectos reales.
¿Significa eso que España y Argentina son iguales? No. Sus economías son distintas. Pero las ideas detrás de ciertas políticas son comparables. Y las ideas, cuando se aplican, tienen consecuencias previsibles.
Si reduces los ingresos públicos de manera drástica, habrá menos recursos para sanidad, educación y pensiones. Si debilitas derechos laborales, el equilibrio siempre favorecerá a quien tiene más poder en la relación de trabajo.
En política conviene mirar más allá de los discursos y vídeos virales. Hay que fijarse en los datos y en la vida real. ¿Ha mejorado la vida de los niños argentinos tras los recortes? ¿Viven mejor los jubilados con menos ingresos? ¿Tienen más seguridad los trabajadores con jornadas más largas y menos protección?
Cuando se aplaude la “motosierra” como símbolo de eficiencia económica, hay que asumir que alguien pierde más que dinero público. Puede perder acceso a un hospital, a una pensión digna o a un convenio laboral que le proteja.
Y casi nunca lo pierde quien tiene ingresos altos o seguro privado. Lo pierde quien depende de los servicios públicos para vivir con dignidad. Quien vota tiene derecho a conocer el programa político en su versión real, no en la de un mitin. Porque las decisiones políticas no se quedan en el discurso: afectan salarios, pensiones, derechos laborales y condiciones de vida. Y el modelo que algunos sectores de la derecha española presentan como ejemplo ya muestra en Argentina cuál es su coste social.
