La memoria no fabrica votantes, reconoce derechos

Hay una línea que un dirigente democrático nunca debería cruzar. Poner bajo sospecha el sistema electoral sin una sola prueba. Alberto Núñez Feijóo la ha cruzado al hablar de "ingeniería electoral" y de "fabricar votantes" a propósito de la llamada ley de nietos. No fue un exceso verbal. Fue una estrategia para sembrar dudas sobre nuestro sistema democrático cuando las reglas no le resultan favorables.

La llamada ley de nietos no es un truco electoral. Es una medida de reparación democrática incorporada a la Ley de Memoria Democrática que reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad española a descendientes de quienes tuvieron que marcharse por la Guerra Civil, la dictadura, el exilio o la represión franquista. Hablamos de familias a las que España expulsó, olvidó o dejó fuera durante demasiado tiempo y que, pese a ello, nunca dejaron de sentirse parte de nuestro país.

La ley no fabrica ciudadanos. Corrige situaciones que dejaron fuera a miles de descendientes por las limitaciones de la normativa anterior. No crea una identidad nueva. Reconoce jurídicamente un vínculo que ya existía.

Por eso resulta tan grave insinuar que reconocer ese derecho equivale a manipular unas elecciones. Feijóo no denuncia irregularidades concretas ni propone mejorar los procedimientos. Lo que hace es poner bajo sospecha a ciudadanos, a funcionarios consulares y al propio sistema electoral.

Su argumento se sostiene, además, sobre una evidente manipulación de las cifras. No existen 2,5 millones de nuevos votantes incorporados al censo. Existen solicitudes, expedientes en tramitación y personas a las que, en su caso, se les reconoce un derecho conforme a una ley aprobada hace años. Presentar esa realidad como millones de votos para el PSOE no es un análisis político. Es un relato construido para alimentar la desconfianza.

Tampoco resiste el más mínimo contraste con la realidad. Tener la nacionalidad española no significa votar. Tener derecho al voto no implica ejercerlo. Y ejercerlo no supone votar a un partido determinado. La participación de los españoles residentes en el exterior sigue siendo reducida y su incidencia electoral ha sido históricamente muy limitada. Presentar a la ciudadanía exterior como un bloque homogéneo al servicio del Gobierno no solo es falso; también resulta profundamente ofensivo.

La contradicción del Partido Popular es difícil de ignorar. Fue un Gobierno de Mariano Rajoy quien aprobó el reconocimiento de la nacionalidad para los descendientes de los sefardíes expulsados en 1492. Y fue una decisión acertada. España tenía una deuda histórica con aquellas comunidades. Entonces nadie habló de fabricar votantes ni de alterar el censo. Entonces aquello se llamó reparación.

La pregunta es inevitable. Si España puede reconocer una deuda histórica con los descendientes de quienes fueron expulsados hace más de cinco siglos, ¿por qué resulta sospechoso reconocer otra con los descendientes de quienes fueron expulsados por el franquismo? ¿Por qué una memoria merece reparación y la otra se convierte en una supuesta amenaza para la democracia?

Quienes conocemos la realidad de la España exterior sabemos que no hablamos de una herramienta electoral. Hablamos de personas cuyas historias familiares están atravesadas por la emigración, el exilio o la búsqueda de oportunidades. Muchas conservaron la lengua, la memoria y el sentimiento de pertenencia incluso cuando España les dio la espalda.

En realidad, este debate va mucho más allá de un censo electoral. Habla de quién forma parte de ese "nosotros" que constituye la comunidad política española. Convertir ese vínculo en una sospecha equivale a decirles a esos españoles que solo cuentan cuando resulta políticamente conveniente.

Y ahí aparece otra contradicción difícil de explicar. Durante años, Feijóo defendió el vínculo con la emigración gallega y con sus descendientes. Reivindicó la relación con las comunidades españolas de América Latina y conoció perfectamente el valor de la diáspora. Incluso el programa electoral del Partido Popular de 2023 defendía garantizar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles. Lo que entonces era memoria, identidad y orgullo hoy se presenta como una amenaza para la democracia.

Ayuso ha ido incluso un paso más allá al insinuar que Argentina podría convertirse en una gran circunscripción electoral española. El planteamiento es el mismo. Convertir en sospechosos a quienes ejercen un derecho y presentar como una anomalía democrática lo que no es más que memoria, ciudadanía y vínculo con España.

Si el Partido Popular quería debatir sobre el voto exterior o sobre posibles mejoras en los procedimientos administrativos, tuvo ocasión de hacerlo durante la tramitación de la ley. Lo que no resulta aceptable es abrir ahora un debate basado en insinuaciones y sospechas para erosionar la confianza en el sistema.

Las democracias se fortalecen con garantías, transparencia y controles. Nunca sembrando dudas sin pruebas. No se protege el sistema electoral cuestionando la legitimidad de quienes también forman parte de España desde el exterior.

La España que vive fuera no es un problema. Es parte de nuestra historia, de nuestro presente y también de nuestro futuro. Una democracia segura de sí misma no teme reconocer derechos. Lo que de verdad la debilita es convertir la memoria democrática en un arma arrojadiza y hacer creer que reparar una injusticia histórica equivale a fabricar votantes. La memoria no fabrica votantes. Reconoce derechos.

Jorge Donaire
Secretario del PSOE Exterior (PSOE Madrid)