Dice Rocío Monasterio, la líder madrileña de la extrema derecha, que ha conseguido la unión de las tres derechas a partir de un documento programático en el que se consagra la "garantía de la libertad moral y religiosa". Es el viejo fundamentalismo religioso que llega a la política para defender, claro está, los intereses de su visión particular del catolicismo. Porque cuando desde la formación ultra se refieren a la "moral y a la religión" no cabe en su esquema otra moral y religión que la suya propia, de la que hacen bandera política. Para otras creencias, minoritarias como el islam, Vox tiene entre sus planes ideas menos contemplativas: sus políticas xenófobas de inmigración.
La garantía moral y religiosa que acepta Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos) para mantener el poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid constituye, entre otras cosas, el vaciado de contenido de las leyes por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans aprobadas en la autonomía la pasada legislatura. Plantean el derecho de los padres y las madres para discriminar, nunca mejor dicho, qué clase de educación van a dar a sus hijos e hijas -por encima de lo que establecen las leyes educativas- en relación con el respeto de la diversidad sexual, familiar y de género. Quieren una escuela donde se odie, concretamente, a las personas por su orientación sexual y su identidad y expresión de género.
Es la perpetuación del problema en su origen, pero sobre todo, la eliminación de su posible solución. Desean una escuela hecha a su medida del odio, en este nuevo matonismo político, para que se sigan manteniendo la discriminación y sus perversos mecanismos. En definitiva, anteponen su libertad de odiar a nuestra libertad de ser, en nombre de sus presuntas creencias religiosas. Que se utilice la educación para evitar avanzar en el respeto de los derechos es hablando de moral, una auténtica inmoralidad.
En su programa de máximos, el de Vox, estaba derogar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. Pero han llegado a la conclusión de que no es necesario derogar una norma cuando simplemente basta con rebajar su contenido hasta hacerla irrelevante. Tampoco necesitan, por tanto, aceptar el máximo cuando pueden conformarse con un mínimo y trabajar, durante cuatro años como socios preferentes, para anular cualquier intento de conseguir la igualdad real.
Todo este movimiento contra los derechos humanos tiene últimamente un interesante recorrido: el documento de "pin parental" que llega a los centros para exigir a los equipos directivos que saquen a sus hijos e hijas de las charlas contra el acoso escolar, o los autobuses naranjas que les recuerdan a los y las menores trans que son "bichos raros" porque se sienten diferentes. La elaboración de listas negras con los profesionales educativos que hablan sobre diversidad en las aulas o también los recursos de la Escuela Católica y Concertada contra los protocolos de acompañamiento a menores trans en las aulas - cuya finalidad es darles protección frente a la violencia- en la Comunidad Valenciana o recientemente, en Castilla y León, la demanda de la asociación de abogados católicos contra el protocolo escolar trans con la excusa de que se "adoctrina a niños y niñas en las aulas". Esta asociación dice que "aplicar ese protocolo vulneraría la libertad ideológica de los padres", esto es, que tienen derecho a que sus hijos e hijas se eduquen odiando a otras personas.
Lo que se vende desde la política empieza a calar en las calles. Es el discurso del odio. Y hemos visto como últimamente las agresiones discriminatorias contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género son más violentas, brutales y frecuentes. Preocupa a las y los activistas que este odio desde la política esté legitimando a los agresores, en su mayoría varones, para agredir, "quitar la homosexualidad a hostias" o exigirnos que nos escondamos en los espacios públicos. Estamos involucionando, sí, y es muy alarmante. Aquellos que apoyan estas teorías e ideas radicales tendrán que, más pronto que tarde, explicar porqué les dan carta de naturaleza pactando con ellas. Aunque luego nos digan que se preocupan por nuestro bienestar.
Esta ofensiva contra la igualdad, es decir, contra el derecho de las personas a ser respetadas y no discriminadas hace más urgente todavía una ley LGTBI de carácter estatal, cuya aprobación estaba prevista en la pasada legislatura y que el adelanto electoral truncó. Una ley con la finalidad de garantizar esos derechos y alejar a la ultraderecha del adoctrinamiento en el odio. Y una ley que parta del consenso social y progresista para que haga que España siga avanzando en el respeto de los derechos y que seamos vanguardia de éstos. Es urgente parar el discurso del odio desde la política, promoviendo normas que garanticen derechos. Es la única manera.
