El conjunto de partidos que las huestes de Pablo Casado califican de anti constitucionalistas, han exigido que la derecha “cese en su actitud de bloqueo” y se avenga a renovar las instituciones que ya han caducado, que es imperativo constitucional. Hablamos del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional.
PSOE, Unidas Podemos, Mas País, PNV, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, ERC y Junts per Cat reclaman al resto de formaciones que cumplan su obligación y las califican de irresponsables: “Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el interés general de manera flagrante”, dicen. Los partidos que apuntan la acción obstruccionista de la derecha suman 187 escaños, con lo que disponen de la mayoría absoluta. Pero, para llevar a cabo la renovación a la que se niega el PP, hace falta el apoyo de tres quintas partes del Congreso.
La derecha recibe por tanto una lección de democracia de las formaciones a las que acusan de no obedecer la Carta Magna. Recientemente, ABC contratacaba en un editorial acusando a Pedro Sánchez de hacer imposible la renovación del poder judicial “mientras mantenga, no solo vivo sino creciente, su pacto con los comunistas de Podemos y su alianza parlamentaria con proetarras y separatistas”. Se referían además a la ausencia del rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, (“el veto al Rey”) arrogándose la preservación del poder judicial. Imaginen al Rey en Cataluña con la sentencia de inhabilitación del ex President enfrente. No puedo creer que el PP quisiera tal cosa
Esta misma semana, pese a la oposición de los progresistas, pueden producirse los nombramientos de jueces en el CGPJ, que su presidente interino, Carlos Lesmes, quiere llevar a cabo como sea. Se dirimen entre otros, tres puestos en la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo que juzga a los aforados, y resuelve los recursos de casos como la trama Gürtel y demás asuntos que afectan al PP. Quienes deciden estos nombramientos son, en su mayoría, jueces conservadores y bien relacionados con la derecha, así como el propio Lesmes quien ha tenido responsabilidades en el Ministerio de Justicia con todos los ministros de José María Aznar. Aunque, ante la imposibilidad de variar la situación, se hablaba de un posible acuerdo para colocar jueces del gusto de unos y otros, lo que sigue siendo más de lo mismo.
La derecha busca que los vientos judiciales no les sean adversos y trampea con toda su batería de falsedades y el apoyo mediático habitual ante la convicción ¡ay! de que el Gobierno de coalición va a seguir en el poder durante toda la legislatura. Eso descompone a Casado y a sus huestes.
