La pandemia ha impuesto el teletrabajo en todos los puestos que permiten hacerlo en remoto y el Gobierno de acuerdo con los sindicatos y con los empresarios ha tramitado ya un decreto ley que lo regula y que será mejorado en su paso por el Congreso y el Senado. 

Mucho se ha hablado ya sobre las ventajas del trabajo a distancia para trabajadores y patronos, pero muy poco sobre sus ventajas para la clientela de las empresas privadas y para la ciudadanía que usa los servicios públicos.

Por ahora, la realidad es un clamor contra la desatención y el desamparo de clientes y usuarios por la falta de atención presencial debido al teletrabajo y a las normas Covid, la carencia de una adecuada atención telefónica sustitutoria de la presencial y los numerosos fallos de la tramitación telemática de las gestiones administrativas.

La regulación del trabajo en remoto ha tenido en cuenta los intereses de las empresas y de los trabajadores y por eso se ha alcanzado un acuerdo en relativo poco tiempo, pero la voz de los consumidores y usuarios no ha sido escuchada. En la nueva normativa se habla de que la empresa proveerá al trabajador de los equipos informáticos necesarios, porque durante la excepción del confinamiento y la posterior desescalada coincidente con las vacaciones de verano buena parte de los ordenadores utilizados en remoto eran propiedad de los propios empleados.

Lo sorprendente es que la normativa no habla para nada de los teléfonos móviles, ni fija obligaciones para la atención al público a través de algo tan corriente como las videollamadas o la mensajería instantánea: Whatsapp, Messenger o cualquiera otra. Tampoco del empleo de las cámaras web en la atención a los clientes. La gente se queja, por ejemplo, de no poder enseñarle a su médico de cabecera que le atiende por teléfono el grano que le ha salido, la herida que se ha hecho o la hinchazón del ojo al levantarse. Y podrían hacerlo porque desde los centros de salud llaman a los pacientes a sus móviles desde una línea también móvil.

A la altura del siglo en la que estamos, el teléfono móvil no se considera en las administraciones públicas y en muchas empresas una herramienta de trabajo como el ordenador, sino un privilegio de directivos, mandos intermedios y determinados puestos muy limitados. La solución está en la sustitución de los teléfonos fijos por líneas de móvil corporativas para todos los trabajadores, una medida de sentido común pero que, lamentablemente, encuentra resistencias a todos los niveles.

A los trabajadores que se resisten a los móviles corporativos hay que recordarles que con la nueva normativa se garantiza el derecho a la desconexión en horario no laboral y a los directivos que los móviles mejoran la productividad mucho más que un ordenador. 

El panorama descrito se ve agravado, además, porque en los últimos años las empresas y administraciones han quitado de sus páginas web y de sus perfiles en las redes sus directorios y números de teléfono y han dejado en el mejor de los casos un solo número de teléfono atendido por una máquina y solo un formulario para dejar los mensajes en la mayoría de las ocasiones y sin acuse de recibo.